La medida apunta a descomprimir la polémica suscitada por las diferencias entre legisladores oficialistas y la Corte Suprema respecto al rol que le competa a cada parte en la materia.
Así quedó establecido ayer, tras la visita que realizaron ayer a la Legislatura el presidente de la Corte Suprema de Justicia y principal impulsor de la reforma en el fuero penal, Antonio Estofán, y el presidente subrogante de la Cámara, a cargo del Poder Ejecutivo, Regino Amado.
Ambos fueron recibidos por el vicepresidente segundo del Parlamento provincial, Manuel Fernández, acompañado por los oficialistas Roque Alvarez, Carolina Vargas Aignasse, Marcelo Caponio, Guillermo Gassembauer, José Páez, Gerónimo Vargas Aignasse, José Teri, José León y Regino Racedo.
También participaron el vocal de la Corte, Antonio Gandur; los representantes del Centro Judicial: Capital Liliana Vitar y Enrique Molina; y Graciela Grellet de Barrionuevo y Edgardo Sánchez, de los Tribunales de Concepción.
Durante el encuentro se analizaron los alcances de la propuesta impulsada por el Superior Tribunal y el Ministerio Público, la que tiene por objetivos centrales mejorar la interacción entre la Justicia y la Policía en la investigación de casos penales y acelerar la resolución de las causas.
La reunión sirvió también para limar asperezas entre la Corte y el bloque oficialista, cuyos integrantes criticaron duramente el proyecto y advirtieron que el Poder Judicial no está facultado para legislar. A esos cuestionamientos, Estofán había respondido que al ser la propuesta de reforma al código de procedimientos penales un plan piloto, no era necesaria para su aplicación la sanción de una norma por parte de la Cámara.
Al finalizar la audiencia, el presidente del Superior Tribunal de Justicia recordó que este proyecto apunta "fundamentalmente a oralizar la instancia investigativa previa, ya que el juicio penal es oral". Esto generaría transparencia, rapidez y mayores garantías a defensores y querellantes y la idea es aplicarlo en los Centros Judiciales de Concepción y Monteros durante ocho o diez meses y evaluar sus resultados para extenderlo en un plazo de alrededor de dos años al resto de la provincia", explicó Estofán.
Crearán una comisión
El Presidente de la Corte, agregó que en la reunión se consensuó "conformar una comisión inter-poderes, a los efectos de garantizar la ecuanimidad de las posiciones y un acuerdo que permita avanzar mediante una ley o bien con una acordada, en la aplicación de las pruebas que determinarán la viabilidad o no de formalizar los cambios en el Código Procesal Penal tucumano, siempre que se adecue a las necesidades de la sociedad".
Además, aclaró que "no existe una cautelar" en la Justicia que haya frenado la aplicación del plan piloto "sino sendos amparos que hicieron que se detenga la aplicación hasta que logremos ponernos de acuerdo en los puntos principales. Jurídicamente, considero que la Corte no necesita una ley, porque tiene facultades y serán los Legisladores los que deberán convencernos que esto no es así", recalcó Estofán, quien al referirse a los entredichos con legisladores alperovistas manifestó que "hay opiniones diferentes, pero no peleas".
Finalmente, el titular del Máximo Tribunal no descartó la posibilidad de que se avance con el dictado de una norma para sostener los cambios en el fuero penal. "Si llegara a hacer falta, la sanción de una norma haría caer en abstractos los amparos presentados en la Cámara en lo Contencioso Administrativo contra el plan piloto", aventuró.
Amado, en tanto, destacó la importancia de la visita y dijo que "todos los cambios se harán para mejorar la administración de justicia, pero que no hay fechas precisas para comenzar la aplicación del plan".
En cuanto a la conformación de la comisión que se encargará de estudiar el proyecto, indicó que "se realizará en próximas reuniones y habrá invitación a los Colegios de Abogados para que nos ayuden en el análisis de puesta en marcha del piloto", agregó. Al igual que Estofán, Amado le bajó el tono a los chisporroteos entre ambos poderes del Estado. "Con la Corte Suprema no hay diferencias insalvables, sí hay mucho diálogo y eso es positivo para encontrar una salida lo más rápida posible para modificar total o parcialmente el Código Procesal Penal", finalizó el legislador.







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