El secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso, indicó que las tareas del registro serán, entre otras, "mantener una base de datos con la información, sistematización e interpretación de hechos de violencia institucional denunciados, así como presentaciones ante organismos no gubernamentales, establecimientos educativos u otros ámbitos elegidos por la víctima o sus familiares".

Además, el registro permitirá dar seguimiento y recopilar información sobre las acciones administrativas o causas judiciales iniciadas por hechos de violencia institucional, y elaborar informes periódicos, con el objeto de ponerlos a consideración de los poderes públicos y de la comunidad provincial y nacional.

“La decisión se toma a raíz de la preocupación de la Secretaría de Derechos Humanos por las repetidas situaciones de violencia institucional que se registran en todo el país”, se indicó en una gacetilla.

Según la Secretaría, se entiende por violencia institucional a “todo uso arbitrario o ilegitimo de la fuerza ejercido o permitido por organismos del Estado, por los funcionarios, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que violen los Derechos Humanos”.

Su creación "resulta necesaria -indica la normativa- para acabar con hechos graves de violencia policial, entre otros, que se siguen sucediendo en la actualidad. El Estado ha asumido en los últimos años su función de garante de los Derechos Humanos y el principal responsable de su respeto; entonces, ese rol debe ser fortalecido".