Pinchetti de Sierra Morales y Salim lograron que se aprueben proyectos similares en sus respectivas cámaras. Ambos parlamentarios coinciden en destacar que existe un abarrotamiento de causas en los actuales.
“Uno de los dos prevalecerá”, dijo Salim a LA GACETA cuando se le consultó sobre la posibilidad de que se unifiquen las propuestas en algún punto del trámite parlamentario, ya que cada proyecto logró media sanción.
“Si el diputado me hubiese advertido de antemano, hubiéramos podido consensuar (las iniciativas) y a lo mejor Tucumán ya tendría aprobado su tercer juzgado federal”, expresó al diario Pinchetti de Sierra Morales cuando se le preguntó sobre la llamativa circunstancia.
Ambos parlamentarios coincidieron a la hora de justificar la creación del tercer juzgado. “Los juzgados (1 y 2) se ven desbordados ante la imposibilidad de dividir el trabajo por fueros”, dijo la senadora, que mencionó publicaciones oficiales de 2007 que daban cuenta de que en el juzgado federal 1 se encontraban en trámite 11.759 causas y 9.629 en el 2.
“Es necesario descomprimir los actuales juzgados federales, que se encuentran saturados y próximos a colapsar”, dijo Salim, que recordó que en 1977 se creó el último juzgado, “cuando Tucumán tenía 850.000 habitantes; y hoy tiene 1.500.000”.
“Ambos proyectos dicen lo mismo, la aprobación de uno u otro en el Congreso dependerá de la decisión política que se tome en cuanto comiencen las sesiones ordinarias”, expresó la senadora.
La propuesta del oficialista
El juzgado funcionará con cuatro secretarías, una secretaría con competencia civil, una con competencia penal, otra con competencia en ejecución fiscal y otra en leyes especiales.
Crea una fiscalía de primera instancia y una de pobres, incapaces y ausentes.
Crea los cargos de juez, secretario de juzgado y de funcionarios y empleados (92 en total).
La propuesta de la opositora
El nuevo juzgado tendrá competencia en lo penal y correccional y en todo lo concerniente a causas relacionadas con la ley de estupefacientes (23.737)
Crea cargos de juez, secretario de juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial y empleados (27 en total)
El Consejo de la Magistratura remitirá las ternas de candidatos al PEN a los 120 días de la publicación de la ley.
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