Córdoba tendrá en la primera mitad de 2018 su propia ley de generación de energía distribuida, lo que habilitará la posibilidad de que usuarios domiciliarios y empresas inyecten electricidad a la red pública a través de medios de generación alternativos y limpios (solares, eólicos o biomasa).

Así se lo adelantó ayer a La Voz el director de Energías Renovables y Comunicación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Sergio Mansur, quien estimó que en febrero del año próximo el proyecto de ley estaría ingresando para su tratamiento a la Legislatura Unicameral. “Esperamos que la ley provincial sea aprobada en marzo y que antes de mediados del año próximo esté lista la reglamentación”, confió el funcionario.

La confirmación de Mansur llegó el mismo día en que el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el “Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable e integrada a la red eléctrica pública”, aprobado a fines de noviembre pasado por el Congreso. Aunque la normativa nacional todavía carece de la reglamentación respectiva, fija criterios y parámetros básicos para el desarrollo de estos sistemas en todo el país, lo que abre la posibilidad de que Córdoba impulse su propio esquema en la materia.

“Vamos a adherir a la ley nacional, pero nuestra normativa tendrá particularidades que buscarán atender la enorme red de 204 pequeñas y medianas cooperativas eléctricas que operan en el interior, de manera de que no se vean afectadas”, explicó Mansur, al tiempo que afirmó que nuestra provincia, junto al Consejo Asesor en Políticas Energéticas de Córdoba (Capec), participó activamente en la redacción de la ley nacional.

La nueva ley nacional crea la figura del “usuario-generador”, el que no sólo podrá autoabastecerse de la energía que produzca a través de métodos limpios (paneles solares, molinos de viento, digestores de biomasa, entre otros), sino también volcar sus excedentes a la red interconectada nacional, obteniendo un beneficio económico por ello. “La ley genera un nuevo derecho para que los usuarios pueden generar su energía, autoconsumirla y vender sus excedentes. Las provincias no podrán negarle ese derecho”, dijo Juan Carlos Villalonga, diputado de Cambiemos, autor de la normativa.