Luego de la transferencia de 2.200.000 pesos por parte de la provincia, desde el mediodía, personal de la Prefectura puso en marcha un dispositivo de seguridad que incluyó además a decenas de uniformados policiales.

Los pagos, que continuarán en la jornada de hoy, comenzaron a efectivizarse cerca de las 18 horas en instalaciones del puerto Caleta Paula.

Antes, las diferentes agrupaciones de desocupados se habían dado cita en la plaza 20 de Noviembre, pues hasta entonces reinaba la incertidumbre, y en el ínterin también hubo algunas manifestaciones en el ateneo del ministro de Gobierno José Córdoba, por parte de grupos para los que no estaba prevista la asignación de subsidios.

Las cifras oficiales hablan de alrededor de 1700 beneficiarios, pero con el correr de la tarde el grupo fue creciendo hasta superar las 2.500 personas.

Sin perjuicio de ello, los 1.700 representan un número demasiado alto, si se tiene en cuenta que cada uno debió haberse sometido a las requisitorias del estudio socioeconómico, y que 1700 socioeconómicos no alcanza a realizar un juzgado en un año.

Es aquí donde se presenta la suspicacia, dado que según fue denunciado desde el municipio, esposas de petroleros, matrimonios y hasta empleados de la comuna recibieron la ayuda social de la provincia. En tanto que ayer entre las filas dispuestas a cobrar se detectó a personas con DNI falsos y listados engrosados con gente que no participó de los cortes de ruta.

Además, según pudo conocer este diario, en dependencias del Registro Civil, en las últimas dos semanas hubo un contundente aumento de cambios de domicilio y ocasiones reiteradas en las que se solicitó el trámite retroactivo a un año de residencia.

FIRMEMENTE EN CONTRA

Ante el inminente pago de subsidios, ya el domingo la comuna local había emitido una solicitada en la que ratificaba su postura contraria a su entrega y se despegaba de la ingeniería para la ejecución de los pagos. “Revaloricemos la cultura del trabajo. La municipalidad no paga subsidios”, rezaba el texto.

Asimismo, junto a su equipo, el intendente Fernando Cotillo aprobó la puesta en marcha de una campaña que incluyó, desde ayer por la tarde, la pegatina de afiches por toda la ciudad en los que se plantea las diferencias entre su modelo de gestión y el de la política subsidiaria encabezada por el ministro Córdoba.

Asimismo, fuentes cercanas al despacho del jefe comunal aseguraron que la decisión de Cotillo surgió tras que el propio ministro de Gobierno, a través de su allegado más cercano, el subsecretario Pablo Gordillo, le sugiriera suscribir al convenio mediante el cual se entregan las ayudas financieras.

Una vez más la comuna se negó, no sólo por la discusión de fondo que la política subsidiaria representa, sino porque de haber suscripto, el municipio debería hacerse cargo de repartir la partida que mes a mes enviará la provincia y hacerse cargo de las demoras o de los conflictos post diciembre, cuando los subsidios queden sin efecto.

De hecho, en declaraciones efectuadas ayer a La Opinión Austral, Cotillo aseguró haber sido “extorsionado”, dado que desde la cartera de Gobierno también le habrían advertido que no se enviarían los fondos para pagarle a las cooperativas, de no arribar a la suscripción del acuerdo por los subsidios.

“En este momento hay casi dos mil personas queriendo cobrar un subsidio, nosotros dijimos desde un principio que esa no era la salida y que hay que seguir generando trabajo. No se trata de que Córdoba me quiera pasar por arriba o una cuestión de competencia o rivalidad política, se trata de que se le está generando un grave perjuicio a toda la comunidad y no lo voy a permitir. En siete años construimos y crecimos mucho, y esto no hace más que querer condicionarnos. Córdoba pudo haber hecho algo mejor, porque la gente se llevará una buena imagen de él en el final de su carrera política”, expresó.

La campaña anti subsidios tiene la premisa de que no queden dudas respecto de la posición del municipio ante esta forma de ponerle fin a los cortes de ruta, iniciativa movilizada en gran parte por un rechazo generalizado de la comunidad.

Los carteles se están colocando en comercios, entidades públicas y la propia municipalidad.