El legislador provincial Carlos Ciprián (UCR) presentó un proyecto de ley, mediante el cual dispone la instalación de inhibidores de señal de telefonía inalámbrica, de equipamientos de comunicación sin cables y de servicios de internet en todas las unidades dependientes del Servicio Penitenciario, los institutos correccionales de menores y en toda otra dependencia donde se alojen personas privadas de su libertad.

La propuesta indica que las responsabilidades sobre las disposiciones establecidas en el proyecto, en cuanto a la vigilancia sobre la operatividad permanente, el sostenimiento activo y la comunicación de alertas de inactividad o desperfectos de los sistemas, le corresponde al personal responsable de cada establecimiento donde se encuentre instalado este tipo de equipamiento.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria o quién lo reemplace en el futuro, como autoridad de aplicación; es responsable de la adquisición, instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipamiento sugerido.

"Basta con prestar atención a las consideraciones de la prensa con respecto a la publicación referida a los secuestros virtuales, como una novedosa metodología de delincuencia, para entender que la población se encuentra desprotegida frente a este tipo de crímenes cibernéticos. Este tipo de delito va en continuo ascenso en todo el país y lamentablemente gran parte de esos sucesos provienen de los establecimientos carcelarios", expresó al respecto Ciprián.

"Este es un tema muy importante para resolver, en virtud de las inestimables consecuencias directas, surgidas del accionar delictivo de esta modalidad. No obstante si nos guiamos por las estadísticas policiales; los valores cuantitativos de este tipo de inseguridad pública, no refleja la realidad; ya que muchos de los damnificados no denuncian estos hechos por temor o porque se avergüenzan por haber sido engañados por esta característica de delito", añade el autor del proyecto.

En este sentido, el legislador Radical remarcó que "la inseguridad y la actividad delictiva crece a diario y si desde el Estado no se actúa rápidamente para detenerla y sobre todo si sus gobernantes no asumen la responsabilidad de actuar en tal sentido; la sociedad se terminará por convencer que la complicidad por inacción u omisión del Estado, es la causa directa del crecimiento de este modalidad criminal".