Las cárceles volverán a quedar bajo la lupa de la Corte Interamericana

Se trata del mismo organismo que había intimado al Gobierno nacional a que tomara medidas urgentes en las cárceles mendocinas.
El escándalo por las torturas a las que eran sometidos algunas personas en la cárcel de Mendoza volverán al fuero internacional.

Desde la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados se decidió enviar todos los oficios a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del mismo organismo que había intimado al Gobierno nacional a que tomara medidas urgentes en las cárceles mendocinas. Esa sanción fue retirada en diciembre, cuando aún no se conocían los videos de las torturas.

"Vamos a remitir toda la información y los oficios a la Corte Interamericana para que estén informados oficialmente, aunque los videos ya han recorrido el mundo. Cuando se levantaron las sanciones no se conocía lo que pasaba. La gente de la Corte fue engañada", aseguró Ricardo Puga, presidente de la comisión.

Según explicó el legislador, desde que se desató el escándalo aumentaron las denuncias por malos tratos en las cárceles. Incluso sólo ayer recibieron 6 nuevos escritos denunciando golpizas. "Esto era previsible, porque cuando se rompe la sensación de impunidad, se animan a decir lo que pasa", asegura Puga. En el Gobierno también esperaban esa situación.

Pero también estiman que puede haber una "sobrevictimización" aprovechando el contexto.

En la Justicia, mientras tanto, el fiscal especial Santiago Garay les negó la excarcelación a los penitenciarios que están detenidos. El argumento del fiscal es que si los deja en libertad podrían obstaculizar la causa. Igualmente en los próximos días sí podría recuperar la libertad uno de los siete detenidos, que es el que fue imputado por el delito más leve. Al resto, les queda la instancia de recurrir al Juez de Garantías para pedir su excarcelación.

Pero la causa se encontró con un obstáculo curioso: la excesiva "burocratización". Es que se han sumado querellantes y actores de todo tipo que enlentecen el avance con la cantidad de medidas burocráticas que se generan. Así se demora, por ejemplo, la investigación sobre posibles responsabilidades políticas en el caso, cuestión que está en segundo plano.

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