El informe de la investigación judicial realizada por el fiscal federal Darío Illanes, que actúa en la megacausa por violaciones a los derechos humanos que tiene como acusados a Luciano Benjamín Menéndez y más de 60 supuestos responsables, entre militares y civiles.

Según el documento, el IRS fue “por excelencia el lugar de reunión de detenidos en diferentes situaciones, sin perjuicio de que hayan existido otros sitios en los que se detenía y se torturaba a personas, como las comisarías regionales, el Batallón 141, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional (en Chilecito) o la Base Aérea CELPA (en Chamical)”.

El jefe de Seguridad de ese Instituto durante el gobierno militar, Eduardo Abelardo Britos, se encuentra en Paraguay tratando de evitar la extradición pedida por el Juzgado Federal de La Rioja, luego de haberse fugado del país cuando conoció que podía ser procesado.

Illanes dijo que por el IRS “pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún período del lapso en el que estuvieron privados de la libertad” y que “se trataba de un centro de detención y tortura”.

Previo a la dictadura, el Instituto era controlado por el “Batallón de Ingenieros 141, sede del Area 314”, pero después del 24 de marzo de 1976 “el Pabellón 1 del lugar -destinado a alojar presos políticos- pasó a encontrarse también bajo el control de Gendarmería Nacional”.

“Las mujeres eran ubicadas en pabellones, divididos en celdas que compartían entre tres o cuatro detenidas. Tenían ventanas que daban al patio interior, pero estaban cubiertas de papel o pintura para evitar la visibilidad. También había ranuras en las puertas, que permitían ver un pasillo interior del IRS”, indicó el documento.

El fiscal determinó que los interrogatorios “eran dirigidos y llevados a cabo por personal de Gendarmería Nacional, la Policía provincial, la Policía Federal y el Ejército, (con quienes) colaboraba personal del propio IRS”.

“Indefectiblemente los interrogatorios implicaban alguna clase de tortura física o psicológica, como golpizas feroces, aplicación de picana eléctrica en diferentes partes del cuerpo, simulacros de fusilamiento, amenazas de muerte y más tortura y obligación a escuchar los tormentos sufridos por otros detenidos”, sostuvo el fiscal.

La Fiscalía dijo, en base a testimonios de ex presos políticos, que “los detenidos vivían bajo la amenaza constante del personal que los custodiaba de ser llevados a interrogatorios y de sufrir tormentos. En muchos casos, eran privados de los alimentos y de la posibilidad de ir al baño fuera de la celda. También los guardias entraban a sus celdas y los sometían a fuertes golpizas”.

En la causa están procesados Menéndez, el coronel retirado Heriberto Goenaga y el ex titular de investigaciones de la policía provincial Juan Carlos ‘Bruja’ Romero. Otro de los denunciados fue el ex capitán del Ejército Alfredo Marcó, de 66 años, quien se suicidó el año pasado cuando supo de su citación.