El gobierno rionegrino reaccionó con fuertes críticas a la Justicia ante la prohibición de que ingresen nuevos presos a la cárcel Roca.
"No es cierto que estemos en crisis y tampoco hay internos hacinados", enfatizó el funcionario.
Ibarrolaza fue el único funcionario del área del Ministerio de Gobierno en responder a la resolución del juez de Ejecución Penal Juan Pablo Chirinos, quien suspendió el miércoles ingreso de internos por las condiciones en las que se encuentra el penal.
"De todos los detenidos (344 al momento del fallo), hay 140 que están procesados, y en algunos casos llevan más de dos años en esa situación. Esto tiene que ver con negligencia y con una mora del propio Poder Judicial", dijo el titular del Servicio Penitenciario Provincial, quien aseguró que mientras no estén condenados, no pueden ser trasladados a otra unidad.
Aseguró que desde el Poder Ejecutivo tienen las condiciones para albergar a 160 internos –quienes se encuentran condenados– y que actualmente acceden a talleres y a educación.
"La superpoblación es un tema inherente al Poder Judicial. Hay que resolver con celeridad las causas", recomendó el funcionario desde Viedma.
También rechazó la denuncia de Chirinos, al sostener que no hay internos que duerman en el piso. Lo único que detectaron es que a principios de semana ingresó un importante número de detenidos por causas menores, quienes fueron reubicados.
Desde su cartera, dijo, asumirían sólo las críticas en torno al tema alimentario. "En pocos días presentaremos un plan para mejorar la compra de insumos y responder a las demandas del juez", sostuvo Ibarrolaza quien reiteró que un tema presupuestario postergó una solución a esta problemática.
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