Costos de una tragedia política

Por Osvaldo Pepe

El asesinato del estudiante Mariano Ferreyra sacudirá al país por mucho tiempo más: si un muerto por la inseguridad es un indicador de ineficacia del Estado, un muerto por la política es una degradación profunda de la cultura y la convivencia democráticas. Y un fuerte lastre para el poder. El crimen de Barracas también puso en evidencia la condena que nos ha llevado a los argentinos a una prisión simbólica y nos mantiene cautivos de los trágicos años 70, más allá de los imprescindibles juicios a los genocidas.

En su ensayo “Tiempo pasado”, Beatriz Sarlo sostiene que el pasado siempre es conflictivo, en razón de que compiten por él tanto la memoria como la historia: “La historia no siempre puede creerle a la memoria y la memoria desconfía de una reconstrucción que no ponga en su centro los derechos del recuerdo: derechos de vida, de justicia, de subjetividad”. Y señala una tarea de la memoria: “funcionar como maestra de la política para que no se repitan las equivocaciones de la generación anterior, que no fue capaz de entender su propio presente”.

La desafortunada frase de la Presidenta (“Estaban buscando un muerto”) es el producto de la reescritura facciosa y parcial que quiere inculcar el kirchnerismo en las nuevas generaciones, con pretendidos aires de épica y cruzada justiciera. El grito en gargantas jóvenes de “se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical” o la escalofriante frase de “un zurdito menos” que escuchó un fotógrafo de Clarín de boca de un sindicalista ferroviario, son la síntesis de una tragedia reinstalada en la vida política nacional. Patotas y violencia siempre son sinónimo de muerte. No es serio, de todos modos, culpar al Gobierno por el crimen de Mariano, pero tampoco lo es desvincularlo de la “autoría intelectual” de un espíritu de época que divide a la sociedad en réprobos y elegidos, más en función de perpetuarse en el poder que de reivindicar la verdad y la justicia.

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