El Gobierno le presentó a la Corte Suprema de Justicia un infome sobre la situación tarifaria en la industria del gas. Allí, el ministerio de Energía explica las razones que lo llevaron a decidir un incremento en las facturas. El máximo tribunal había solicitado esa información hace unas semanas.

Los aumentos en las facturas de gas están detenidos desde el 7 de julio, tras un  fallo judicial de la sala II de la Cámara Federal de La Plata. Allí, el gobierno también presentó una apelación, pidiéndole a ese tribunal platense que el caso pase a la Corte Suprema de Justicia.

La Cámara platense se pronunciará mañana sobre la petición del Gobierno. Hay tres posibilidades:

La primera es que la sala platense acepte pasarle el caso a la Corte Suprema y, además, decida "suspender" los efectos de su fallo anterior. De esa forma, el Poder Ejecutivo lograría que la cuestión tarifaria sea resuelta por la Corte y, mientras tanto, pueda aplicar los últimos aumentos que decidió. Son los del tope de 400% (se llega multiplicando la factura de 2015 por 5) en relación a los importes que pagaron los usuarios en el mismo período del año pasado.

La segunda es que la justicia platense le pase el caso a la Corte, pero no conceda efectos "suspensivos". Esto implica que la cuestión de fondo (sobre a qué jurisdicción le corresponde validar la suba de tarifas) pase al máximo tribunal, pero que el Gobierno no pueda aplicar el último aumento que decidió (tras dos correcciones). De esta forma, las empresas seguirían sin poder facturar  y la industria, en una suerte de limbo por indefiniciones.

La tercer posibilidad es que la sala platense deniegue el pedido del Gobierno. Que se reivindique como jurisdicción. En ese caso, el peor para el Ejecutivo, los abogados oficiales tienen que ir a la Corte con un recurso "de queja". La confusión predominante en el sector se profundizaría.

En dos de los escenarios, el caso va a la Corte directamente. En el tercero, llega a través de un recurso de queja. Por eso, que el máximo tribunal cuente con toda la información sobre la situación del gas era un paso inexorable para el Gobierno.

En el documento que el Gobierno le hizo llegar al Ejecutivo hay una descripción de la situación del sector. Se da cuenta de la caída de la producción -más de 25% entre 2005 y 2015-, la situación de mayoría de tarifas congeladas desde 2001 y las importaciones de miles de millones de dólares de barcos metaneros para poder pasar el invierno, entre otros aspectos.

En 2014, la gestión anterior quiso aplicar un incremento de tarifas, pero lo logró parcialmente. En ese momento, el ministerio público fiscal se presentó en un litigio relacionado con Camuzzi, la empresa que provee de gas al interior de la provincia de Buenos Aires y a la Patagonia. Allí, la gestión kirchnerista manifestó que  "la facultad de fijar o aprobar tarifas (...) es en principio atribución propia del Poder Ejecutivo Nacional". Ese argumento también está en la ley de Emergencia Económica, que nació con la crisis de 2002 y nunca fue derogada.

El Gobierno también le manifestó a la Corte que seguirá un proceso de audiencia pública, desde octubre para los cargos de distribución (lo que cobran las empresas que llevan gas a hogares y comercios) y transporte (desde la producción hasta las distribuidoras)" en las facturas de gas. Esos segmentos representan apenas un 21% de la boleta.

En cambio, el grueso de la factura (el 60%) es el precio del gas en si mismo y ese importe lo determina el Poder Ejecutivo. Allí, el Gobierno busca un número atractivo para los productores de gas, para que vuelvan a invertir, haya más gas y se reduzca paulatinamente la necesidad de importar, según le detalla el Poder Ejecutivo a la Corte.