La lucha judicial entablada por Santiago del Estero contra las industrias que contaminan las aguas del embalse Río Hondo llegó a la máxima instancia jurídica del país: la Corte Suprema. El recurso de amparo que habían presentado en septiembre del año pasado en forma conjunta el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával y el fiscal de Estado, Raúl Abate, se encuentra en el máximo órgano tribunalicio y su pronunciamiento sobre este recurso donde se pide el cese de la contaminación, saldría este mes o el próximo.

EL LIBERAL tuvo acceso a la información del Poder Judicial de la Nación, acerca de la instancia en la que se encuentra el expediente. Al ser consultado, Díaz Achával corroboró esta novedad que toma un giro importante dentro de los pleitos judiciales que se vienen planteando en Tucumán y en Santiago del Estero por la degradación del ecosistema de la cuenca.

Según advirtió Díaz Achával –quién explicó la implicancia de que este recurso haya llegado a esta instancia-, el fallo final de la Corte si es que se declara competente podría ser similar al caso Mendoza (por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo) ordenando que se instrumente un plan de saneamiento con un plazo determinado y que Tucumán pueda llegar a perder su jurisdicción sobre el río Salí y compartirla con las otras provincias de la cuenca.

“Hemos pedido el cese de la contaminación en la aplicación similar al caso Mendoza, quizás el más famoso del país, relacionado con la cuenca Matanza-Riachuelo”, manifestó el ombudsman, quien expuso que en esa oportunidad, el fallo de la Corte creó el Consejo de la cuenca (Acumar) y que es lo mismo que Santiago pide en la cuenca Salí-Dulce.

Implicancias

De acuerdo con lo manifestado por el defensor, la Corte tiene en principio que definir si acepta o no la competencia, y una vez que acepte la competencia se tiene que expedir a la brevedad (teniendo en cuenta que se trata de un amparo). “Nosotros lo iniciamos (al recurso) en septiembre del año pasado y seguramente para mayo o junio de este año, en menos de un año, vamos a tener definido un juez”, resaltó Díaz Achával.

El abogado planteó dos escenarios sobre el pronunciamiento: “si la Corte se declara competente no hay otra instancia u órgano que discuta esto; por otro lado, si dice que es competente el juez Molinari (de Santiago), tampoco hay quien lo discuta”.

Por otra parte, confió en que si la Corte se declara competente, falle conforme a lo que viene decidiendo y aludió nuevamente al caso Mendoza (ver nota aparte), lo que podría significar para Tucumán “la pérdida de la jurisdicción sobre el río dentro de su propio territorio”.

“Van a tener que compartirla –profundizó- con las demás provincias (Santiago y Córdoba), incluso las aguas que están dentro de Tucumán. En otras palabras no van a poder abrir las compuertas del Cadillal de la forma que Tucumán quiera, sino que va a tener que consultarlo primero con un Comité Interjurisdiccional de la Cuenca, como hay en Buenos Aires la Acumar”, graficó.

Este recurso de amparo se presentó en el Juzgado Federal local en septiembre del año pasado; tanto Fiscalía como el juez Guillermo Molinari consideraron que era competencia originaria de la Corte. En esa instancia, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, emitió un dictamen a favor de la competencia de la Corte. Ahora queda la resolución de los miembros del máximo órgano judicial.

Paralelamente otro frente judicial avanza desde el Juzgado Federal local contra los responsables de envenenar las aguas de la principal cuenca endorreica de la Argentina. A pedido del fiscal Pedro Simón, el juez Molinari busca identificar a titulares de las industrias tucumanas (ingenios y citrícolas, entre otras) sindicadas como las que contaminan para citarlos a declaración indagatoria por infringir la ley de Residuos Peligrosos.