La percepción de que no hay una definida separación de poderes en Venezuela pareció confirmarse cuando el Tribunal Supremo (la Corte Suprema local) admitió que hay base para enjuiciar a dos diputados de la oposición. Si se los saca del Congreso, eso allanará el camino al presidente Nicolás Maduro para que le voten poderes especiales y pueda legislar durante un año sin intervención del Parlamento. El Ejecutivo, por ahora, no tiene mayoría para esa votación. De ahí que necesite remover a los diputados para que juren los suplentes, que son chavistas.

La reunión en la que el Supremo tomó el jueves la decisión fue por demás extraña. En plena noche, los 32 magistrados del tribunal –todos chavistas– sostuvieron una reunión extraordinaria para respaldar el pedido de la fiscal Luisa Ortega Díaz para procesar por presunta corrupción a los diputados Carlos Caldera y María Mercedes Aranguren. Lo que se busca es lo que aquí se conoce como “la banca 99” en la Asamblea Nacional. Ese es el voto mínimo que necesita Maduro para ganar la denominada Ley Habilitante.

A partir de ahora, la Corte tiene 30 días para convocar a una audiencia oral y pública en la que la fiscal expondrá sus argumentos para enjuiciar a los diputados. La audiencia se haría en los próximos días para acelerar el proceso.

Cuando Maduro solicitó la habilitación hace dos semanas, aseguró que ya tenía no sólo el diputado 99 sino hasta el 101, asegurándose las tres quintas partes de los 165 diputados que se requiere para que se apruebe la legislación de poderes especiales. Sin embargo, de haber sido, así se hubiera llamado ya al debate. Pero no fue ése el caso.

El diputado oficialista Carlos Flores, que es el suplente de María Aranguren, es el hombre más buscado en el país desde hace 15 días. Y resulta que está escondido a buen resguardo en Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de la Defensa, para que nadie lo presione, según argumenta el diputado socialdemócrata Oscar Ronderos.

El segundo diputado, José Antonio España, es el suplente de Carlos Caldera y no es seguro que vote a favor de la habilitación de Maduro. Caldera, miembro de Primero Justicia, el partido del líder opositor Henrique Capriles, quedó en entredicho en la última campaña presidencial de Hugo Chávez cuando fue grabado recibiendo dinero de un empresario petrolero chavista. Después de ese escándalo, la oposición le quitó el respaldo. Perdió la nominación unitaria para la alcaldía de Sucre, uno de los municipios más importantes del país, y la Asamblea Nacional inició una investigación El martes pasado se distribuyó entre los parlamentarios el texto de la ley que fulmina los controles republicanos. La oposición ha protestado insistentemente porque sostiene que, si se aprueba, Maduro tendría un margen excesivo para legislar sin límites ni disidencias. Además no existe una Corte libre para determinar constitucionalidades. El presidente podrá crear legislación penal por ejemplo e incluso podría operar sobre el financiamiento de los partidos, que la Constitución de 1999 ya prohíbe.

El gobierno tiene varias preocupaciones que explican este esfuerzo desesperado para empinar el poder. Por un lado, la arrasadora crisis económica con una inflación de 50% anual, sumada a un proceso de creciente desabastecimiento que está provocando huelgas de sindicatos antes de vertical adhesión chavista. Ese descontento social es un desafío para el cual el gobierno –que se autodefine socialista– no tiene respuestas.

En diciembre, hay elecciones municipales en Venezuela que se convirtieron en un examen crucial para el destino del régimen. Maduro, que ganó hace menos de un semestre su cargo por una mínima diferencia frente a la coalición opositora que encabeza el gobernador socialdemócrata Henrique Capriles, se encamina a sufrir una previsible derrota. Los poderes especiales son un arma que el gobierno podría utilizar para intentar anular a la oposición y aplastar el creciente descontento sindical.