Las críticas a jueces y fiscales verbalizadas en una conferencia de prensa de noviembre del año pasado opacaron la presentación del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial provincial. En esa oportunidad, René Goane, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), admitió que la Justicia estaba cuestionada por la sociedad y que aquella situación exigía la implementación de un sistema de auditorías internas. Pero en la misma alocución, cargó contra los magistrados del fuero Penal, a los que acusó de convertir en ley muerta al Código Procesal de 1990: "lamentablemente no están mentalizados (...) Habrá que hacer un curso de capacitación para explicarles lo que dicen las normas".

La disgresión desvió la atención hacia una polémica indirectamente relacionada con los asuntos que motivaron la convocatoria de los periodistas al Palacio de Justicia: la formalización de los concursos para el acceso a las ayudantías judiciales y la creación del Cuerpo de Auditores. Sentado al lado de Antonio Estofán, presidente de la Corte, Goane comentó entonces que aquel órgano tenía el propósito de controlar por lo menos una vez al año a cada oficina, sea o no jurisdiccional. "Los auditores no serán verdugos, pero así podremos ver la real situación (de cada dependencia), cómo está y por qué. Se han multiplicado la planta de personal y los recursos tecnológicos; no hay congreso al que no vayan funcionarios y magistrados, pero, sin embargo, no se ven cambios y se está muy lejos de producir un rendimiento acorde a lo que debe ser la garantía constitucional del acceso eficaz al servicio de Justicia", sentenció. El vocal decano justificaba las disposiciones de una acordada del 17 de agosto de 2010 -suscrita también por Estofán, Alberto José Brito (renunció para acogerse a la jubilación), Antonio Gandur, Claudia Sbdar y el ministro público fiscal, Luis Augusto De Mitri-, donde la Corte anunció la necesidad de crear un órgano que lleve a cabo en forma continua las actividades de evaluación integral y de apreciación objetiva del funcionamiento de las unidades del Poder Judicial. La implementación de ese control permanente y regular ha recaído sobre el Cuerpo de Auditores, que depende del alto tribunal y es coordinado por su presidente. Al igual que la Oficina de Gestión Judicial (también creada en 2010), el órgano de fiscalización busca introducir el concepto de mejoramiento continuo en los Tribunales.

Orden y disciplina

La acordada de creación del instituto designa como auditores jefes -con la jerarquía de secretarios judiciales de la categoría A- a los abogados Enrique Juan Quinteros (para el fuero Civil) y Luis Ricardo Lezana Flores (para el fuero penal). A ambos funcionarios les compete elaborar los manuales de procedimiento del Cuerpo y tomar las previsiones necesarias para que este comience a funcionar a partir de este mes en el espacio físico que antes ocupaba el Ministerio Público Fiscal -segundo piso del Palacio de Tribunales-.

La CSJT define a la auditoría en el primer artículo del anexo de la acordada: "se entenderá por tal a la evaluación de la aptitud del órgano auditado para cumplir su función con eficacia, economía, eficiencia y efectividad observando el marco normativo vigente a fin de determinar y advertir las inobservancias en el procedimiento reglado y la correcta organización y funcionamiento de las unidades auditadas".

Esa evaluación, según el mismo anexo, procura -entre otras metas- "asegurar el orden y la disciplina del personal (...) y prevenir vicios e inconductas que puedan afectar al sistema judicial; detectar posibles desviaciones o riesgos...".

Las auditorías internas podrán ser programadas o de reacción inmediata (artículo 6 del anexo). Las primeras "están orientadas a detectar anticipadamente acciones que, en caso de ocurrir, afectarían los objetivos de la potestad de superintendencia".

Las auditorías de reacción inmediata procederán por denuncias y quejas de inconducta que el Cuerpo reciba por medio de la superioridad o a petición de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

La fiscalización estará a cargo de un equipo de auditores supervisados por los dos jefes y sometidos a la obligación de presentar declaraciones juradas y a observar los deberes de confidencialidad, objetividad, imparcialidad y de comunicar -los resultados de la auditoría- con precisión, claridad y oportunamente.

Tras el análisis de la oficina auditada (con amplias potestades de investigación como consta en "¿Qué facultades tiene un auditor"), el Cuerpo elevará informes a la Corte Suprema, que se ha reservado el derecho de disponer las medidas disciplinarias que estime pertinentes.

¿Qué facultades tiene un auditor?

- Controlar expedientes y libros

- Compulsar los datos que la unidad envía a Estadísticas

- Entrevistar a los integrantes de la dependencia

- Verificar si el personal sabe manejar el sistema informático

- Interrograr sobre la difusión y el conocimiento de la normativa vigente

- Comprobar la custodia de sellos o instrumentos de validación

- Fiscalizar la lista de las audiencias fijadas.

- Constatar el plazo que insumió el dictado de sentencias