Abogados de Austin descubrieron una íntima relación entre la abogada patrocinante y una de las peritos
La Corte de Justicia de la Provincia de Salta,desestimó todos los recursos interpuestos contraAustin por los ambientalistas de El Galpón y Metán, en contra de la sentencia que no hacía lugar al recurso deamparo por ellos presentado.
Principalmente, la Corte estableció que los ambientalistas se limitaron a discrepar con el fallo de primera instancia, pero omitieron concretar una crítica razonada al fallo cuya revocación perseguían. Expresamente estableció que "los apelantes han limitado su discurso a discrepar con el criterio del juez, sin concretar una crítica razonada de las partes del fallo que estiman equivocadas”, explicando que "disentir con el criterio del juez sin fundamentar la oposición o sin dar bases serias a un distinto punto de vista, no es expresar agravios”.
Independientemente de ello, la Corte explicó que "queda en evidencia que no se acreditaron los presupuestos de admisibilidad del amparo, inferencia que los razonamientos de los apelantes no consiguieron revertir”, y puso en tela de juicio el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que criticaba el proyecto de la empresa.
Y eso debido a que fue elaborado sin que los peritos tuvieran a la vista la documentación que dijeron analizar, lo cual resulta muy llamativo, especialmente si la perito que lo firmó es amiga de la abogada de los ambientalistas. Expresamente, dijo la Corte que "no obsta a lo precedentemente concluido el cuestionado informe que emitiera en autos el Servicio de Medio Ambiental del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, toda vez que al mismo tiempo de no tener aptitud para subsanar las apuntadas falencias, no puede pasarse por alto advertir que, con arreglo a las constancias de las actuaciones, dicho informe habría sido confeccionado el 18/2/14, es decir, antes de la solicitud que en tal sentido realizara un mes después el señor Fiscal el 12/03/14, y supuestamente, en base a los elementos de juicio obrantes en estos autos pero que fueron recibidos posteriormente por dicha Fiscalía –el 19/03/14- según da cuenta el informe y cargo de recepción corriente a fs. 372.”
"Tales circunstancias son suficientes para poner en tela de juicio cuáles habrían sido los elementos efectivamente examinados por dicho cuerpo técnico antes de que tuviere a su disposición los relativos a esta causa, por encontrarse reservados en Secretaría de esta Corte y, en definitiva, la seriedad de sus conclusiones que hace suyas el señor Fiscal ante la Corte resultando por ello inoficioso el tratamiento en esta instancia de las consideraciones planteadas en su contra por la demandada”
Eso mismo había sido planteado por los abogados de Austin, que descubrieron una íntima relación entre Silvina Borla, abogada de los ambientalistas, y Leonor Barrenechea Méndez, perito del CIF que había cuestionado a Austin, pero que ni siquiera habría mirado el Estudio de Impacto Ambiental.
Se supo que Barrenechea Méndez estaría casada con un hombre apellidado Cardozo, empleado del padre de Borla, y que juntos habrían librado cheques por más de $ 6.000.000 sin cubrir, siendo Cardozo el garante. Los relacionaban distintas empresas, entre ellas AGENOR S.A., industria química de Borla padre. Además, se descubrió que la perito tenía su propia consultora privada, y que entre sus clientes, están las empresas de la familia Borla. Entonces la perito no sólo es amiga de la abogada, sino que además su marido sería codeudor con familiares de ésta, y a ello se agrega que dictaminó sobre el Estudio de Impacto Ambiental sin verlo.
Casualmente, la misma abogada -amiga de la perito que dictaminó en contra de Austin-, es quien además dictaminó en contra de Austin a través del Colegio de Abogados, pues no sólo atendía a los ambientalistas, sino que además emitía informes desde la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, para usarlos como prueba en sus propios juicios. En consecuencia, habría abusado de su posición en dicha institución para su beneficio personal y el de los clientes de su estudio jurídico. Por ello, las dos pruebas más importantes que los ambientalistas pretendían hacer valer (el informe del CIF y el del Colegio de Abogados), tendrían un origen espurio.
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