"Es un retroceso en materia de información pública", dijo la diputada Virginia Cornejo, cuyo pedido de datos sobre la campaña publicitaria "Haciendo realidad la esperanza" hizo que el gobierno recurriera al máximo tribunal.

Los ministros de la Corte de Justicia terminaron revocando un fallo del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, que le había ordenado al secretario general de la Gobernación, Ernesto Samson, otorgar a Cornejo, información sobre los gastos de una campaña de promoción del gobierno provincial.

Para los ministros de la Corte, el gobierno provincial no cometió "un acto arbitrario e ilegal, restrictivos de las garantías y derechos subjetivos constitucionales", cuando se negó inicialmente a otorgar la información que en forma particular había pedido la legisladora del PPS. El conflicto se había iniciado en diciembre de 2009 cuando la legisladora pidió con una nota a la secretaría General de la Gobernación información sobre los gastos de la campaña publicitaria "Haciendo realidad la esperanza" con que el gobierno de Urtubey promocionó sus dos primeros años de gobierno.

Como el pedido no fue contestado por el secretario general de la Gobernación, la legisladora presentó un recurso de amparo que fue resuelto favorablemente por el juez Domínguez.

En esa instancia Samson sostuvo que sólo estaba obligado a proporcionar información cuando se lo pidiera algunas de las cámaras legislativas través de un proyecto aprobado en sesión, a pesar de que un decreto del gobierno de Romero aún vigente habilita a cualquier ciudadano a pedir información pública y designa a la Secretaría general de la Gobernación como último responsable de la respuesta.

Pero Domínguez consideró que la negativa del gobierno a proporcionar la información era injustificada y "lesiona el principio de publicidad de los actos de gobierno y la amplitud con que el derecho de acceso a la información pública se encuentra contemplado en el art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos"

Aunque el gobierno provincial finalmente puso a disposición de la legisladora la documentación que requería, recurrió a la Corte que finalmente respaldó el comportamiento del funcionario provincial. Cornejo llamó la atención de que la Corte se haya expedido sobre el asunto, cuando la cuestión ya había quedado abstracta por la respuesta a su pedido de informe. "Resulta llamativo el pronunciamiento de la Corte, ya que en materia de amparo es requisito que la lesión al derecho invocada subsista en todas las instancias. Debió la Corte, respetando sus propios precedentes, declarar abstracta la cuestión", señaló Cornejo.

Para la diputada, no se trató de una omisión inocente de la Corte. "Revela la coincidente postura que los integrantes de la Corte de Justicia de Salta tienen con el Poder Ejecutivo, cuyos funcionarios se empeñan en ocultar información y no responder los pedidos de informe que envía la Cámara de Diputados", resaltó.