| El tribunal pretende que se analice la situación económica y social antes de dictar sentencia. La habilitación del nuevo despacho dividió a los jueces supremos. Gandur confía en el actual cuerpo de peritos de la Justicia.
La posición a favor de la Acordada 181/10 fue firmada por el presidente del tribunal supremo, Antonio Estofán, y por los jueces René Mario Goane, Claudia Sbdar y Alberto José Brito. En cambio, el ex presidente del cuerpo, Antonio Gandur, sostuvo que la creación de dicha unidad técnica podría demorar las resoluciones judiciales, al fundamentar su disidencia.
La nueva dependencia actuará dentro de la órbita de la Corte, y estará integrada por un contador público nacional; un licenciado y/o doctor en Economía; un licenciado y/o doctor en Sociología y un abogado.
La nueva unidad técnica, por indicación de Estofán, realizará estudios de análisis y evaluación sobre las repercusiones sociales y económicas de los fallos de los diversos tribunales, e intervendrá a pedido de los magistrados. Asimismo, deberá elevar al máximo tribunal informes de las evaluaciones que realice sobre las cuestiones sometidas a su consideración.
En contra
Al justificar su voto, Gandur expresó: "el análisis social y económico se corresponde con políticas macroeconómicas que son de competencia de la Nación". Además, advirtió que la intervención de la Oficina podría demorar las resoluciones judiciales que pudieran adoptar los jueces. A criterio del ex titular de la Corte, el actual cuerpo de peritos del Poder Judicial podría aconsejar sobre las cuestiones técnicas. "Es posible requerir opiniones a universidades u otros entes", agregó.
Gandur interpretó también que la actuación de un cuerpo técnico perturbaría la actuación de los jueces, encargados de tomar las decisiones para que prevalezca el orden constitucional.
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