La Corte de Justicia de Salta debe decidir en los próximo días si da el visto bueno a la "acumulación de causas" que en dos oportunidades pidieron fiscales que actuaron desde que desató el escándalo de La Ciénaga que vincula al ex gobernador Juan Carlos Romero y sus funcionarios. Antes, el procurador de la Provincia, Pablo López Viñals, se pronunciaría a favor que un solo juez investigue todos los casos. El escàndalo de corrupción involucra 1000 hectareas destinadas a negocios inmobiliarios.
Desde que en octubre del año pasado los fiscales comenzaron a promover acciones penales contra el ex gobernador Juan Carlos Romero y funcionarios suyos por las operatorias inmobiliarias realizadas durante esa gestión, tres jueces actuaron en el escándalo de las tierras.
El primero fue el juez de Instrucción Formal de 4ª Nominación, Antonio Pastrana, a raíz de la imputación que hizo María Inés Loyola por "peculado" contra Romero y un grupo de escribanos que actuaron en la venta de 90 hectáreas de finca La Ciénaga, que la provincia había comprado para Familia Propietaria, y que en 2009 terminaron en propiedad de una empresa vinculada al ex gobernador.
Pero después el juez de 1ª Nominación, Martín Pérez, se hizo cargo de una acusación contra Romero, Walter Wayar, Fernando Yarade, y Javier David. Esta vez por supuesto fraude a la administración pública- en operaciones adquisiciones que le permitieron a una firma del entonces empresario romerista Julio Castillo- obtener beneficios millonarios en pocos días.
El último juez que debió actuar en el escándalo de tierras fue el de 7ª Nominación, Jorge Sosa Vallejos, quien tuvo que hacerse cargo de la imputación que por "asociación ilícita" el fiscal Eduardo Barrionuevo le hizo a Romero y funcionarios suyos, a raíz de operaciones con una finca de El Galpón que quedó a nombre de Estancia El Carmen y el IPDUV.
Barrionuevo también se basó en el caso de la venta al IPDUV de cuatro hectáreas de la ex Boroquímica Baradero, realizada por el abogado Raymundo Sosa, que son inutilizables para la construcción de viviendas.
Aunque los jueces estiman que la unificación podría disponerse recién al momento en que los magistrados decidan si procesan o no a los imputados, los fiscales insisten que -por la evidente relación entre todos los hechos- un solo juez debería hacerse cargo desde ahora mismo de todas las investigaciones.
Ese criterio sería sostenido por el procurador, quien debe pronunciarse antes de que los jueces de la Corte decidan al respecto.
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