A través de un parte de prensa de media carilla, la oficina de prensa del Poder Judicial intentó lavarle la cara a la Corte en un nuevo papelón vinculado a una causa penal ligada al romerismo.

En vista de la repercusión que tuvo el nuevo escándalo de la Corte por la nota publicada por El Intransigente con un expediente retenido en sus oficinas, ayer al mediodía la oficina del Poder Judicial intento explicar lo inexplicable, con un parte de prensa que ni siquiera llegó a completar una carilla.

La lectura del parte, reproducido hasta anoche en un solo portal informativo, evidencia cada vez más claramente la dificultad que tienen los periodistas del Poder Judicial al momento de entender a su presidente, Guillermo Posadas, pues el comunicado no explica nada.

Lo que la Corte debía explicar era ¿por qué ese alto tribunal no comunicó al juzgado de origen ni a la fiscalía penal sobre la resolución dictada en junio pasado en la causa penal por delitos de corrupción, seguida contra cuatro ex funcionarios romeristas?

El comunicado tampoco dijo nada respecto a si la causa penal regresó a la ciudad judicial, sino por el contrario, Guillermo Posadas llevó a la oficina de prensa a tratar de lavar la cara de sus jefes con explicaciones y números de causas que no hicieron más que despistar a los periodistas sobre la cuestión de fondo de este asunto.

Como lo denunció este medio, la Corte resolvió denegar un recurso de queja a la defensa de los ex funcionarios romeristas Fernando Palópolis, Antonio Martos, Juan Carlos Ibire y Delia Rotondo en la causa penal abierta en su contra por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público, cargos por los cuales podrían recibir penas que van de uno a seis años de prisión.

En ningún momento El Intransigente se refirió al retardo del tribunal por resolver el recurso de queja en cuestión, sino al hecho de que una vez que se expidieron al respecto, no comunicaron su resolución al tribunal de primera instancia, en este caso el Juzgado de Transición 3, a cargo del juez Federico Diez.

Mucho menos informaron de ello a la Fiscalía Penal 7, cuya fiscal, María Inés Loyola, de licencia, impulsó el caso desde que se denunció en el año 2006, o sea hace más de ocho años. Peor aún, el parte no menciona siquiera que fue el mismo juzgado y la fiscalía los que indagaron al respecto, tal como se puede advertir en los escritos a los cuales este medio tuvo acceso.

Uno de ellos es lo que se llama en la jerga judicial un "effectum videndi” de la fiscalía al juzgado, a través del cual se requiere al juzgado el expediente en cuestión debido a que la Corte les hizo saber que la causa ya había sido resuelta el 4 de junio pasado, y por lo tanto remitida a Transición 3.

Un segundo escrito, en tanto, remitido por el juzgado a la fiscalía señala que el expediente no estaba en ese tribunal, a la vez que informa que la Corte había prestado la causa el 9 de junio a la defensora de los acusados, Blanca Chacon Door, detalle que tampoco fue informado por la Corte al juzgado ni a la fiscalía.

Después de no decir nada respecto a estas irregularidades, la Corte trató de endilgarle a la fiscalía el problema, al señalar que este órgano tiene a su cargo la confección del requerimiento de juicio, instancia que resta para que el caso pase a la etapa final del proceso judicial.

Lo que no dice la Corte es que para ello se necesita el expediente, el cual fue prestado por ese tribunal sin avisar a nadie de esa decisión, la cual de no ser por las requisitorias periodísticas de este medio, hubiese seguido oculta.

A esto se suma el hecho de que en su parte, y aquí viene lo más grave, el presidente de la Corte Guillermo Posadas, en representación de la corte, nada dice respecto al expediente, pues sólo confirmó que lo entregó en préstamo a la defensa, pero no informó si ya fue devuelto o al menos, mandó a pedirlo.

Esto no es menos irrelevante, pues es conocida esta maniobra judicial consistente en intentar hacer dormir el expediente en algún despacho de la ciudad judicial. Y si es en el de la Corte de justicia, mucho mejor, pues serian muy pocos los que merodean por esos lares.

En este caso, la defensa de los acusados ganaron ya más de tres meses de tiempo, y con ello es muy probable que ya hayan logrado que el juicio por este resonante caso quede para el próximo año judicial, maniobra que no habrían logrado sin "un olvido u error" de una Corte de Justicia, un órgano que no puede acelerar las causas generalmente, las que implican los hechos de corrupción del gobierno pasado de Juan Carlos Romero.

Como ya lo afirmamos, este caso no puede ser considerado una casualidad, pues en abril pasado, esta misma Corte cayó en un escándalo similar al retener en sus oficinas la causa de La Ciénaga, lo que impidió por varios meses que los jueces penales citaran al ex gobernador Juan Carlos Romero a indagatoria.

Cuatro meses después, Guilermo Posadas vuelve a ser descubierto en olvidos y errores idénticos, esta vez con una causa que de haber tenido el movimiento que se esperaba, Fernando Palópolis, vocero del Senador Romero, estaría siendo sometido a juicio oral y público por delitos de corrupción en estos días, y ahora, se hará el año que viene especulando con el triunfo de su patrón Romero.

Por Federico Mena Saravia

Para El Intransigente

Parte de Prensa del Poder Judicial de Salta:

La Corte de Justicia ya se expidió en la causa del estadio Martearena

El pasado 2 de junio, la Corte de Justicia de Salta rechazó la queja por casación denegada que había interpuesto la defensa técnica de Fernando Palópolis, Antonio Enrique Martos y Juan Carlos Ibire, imputados en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.

Sin embargo, la abogada Blanca Chacón Dorr solicitó días después el préstamo del expediente 36311/13 que corresponde al trámite de la queja, el cual no suspende el curso de la causa principal ni impide la marcha del proceso.

En la causa principal 4953/6 (27293/10 del tribunal de Impugnación) caratulada "Castillo, Julio; Ibire, Juan Carlos; Rotondo, Delia; Martos, Antonio y Palópoli, Fernando Javier por incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”, que se encuentra a disposición de las partes intervinientes, se ha dictado auto de procesamiento el que fue confirmado por el Tribunal de Impugnación, restando para que finalice la instrucción, la producción de una diligencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal al momento en que se le corrió vista para que formule o no su acusación, órgano éste que como se sabe posee con exclusividad la potestad de impulso y cuenta con los medios procesales que estime pertinentes a efectos de que se produzca la medida solicitada y continúe la marcha del proceso.