En un pronunciamiento fechado el lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia resolvió declararse competente en la denuncia que presentó Córdoba contra el Estado nacional por la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable.

Esos recursos, cedidos en 1992, se utilizan para financiar al sistema de seguridad social y que, por lo tanto, son derivados a la administración nacional del sector (Anses).

Además, la Corte libró oficio al Ministerio de Economía y le fijó un plazo de 60 días para su presentación. También citó al Banco Nación para que, en un mes, tome la intervención que le corresponda (los giros de 
coparticipación se hacen a través de esa entidad).

Con el patrocinio del estudio García Lema, la presentación ante el Alto Cuerpo se realizó en julio de 2013, previa renuncia que la Provincia hizo al Pacto Fiscal de 1992, a través de la Legislatura provincial, que aprobó la dimisión en 2012.

Antecedentes

Cuando las provincias acordaron ceder recursos a la Nación, el objetivo era evitar el desfinanciamiento del esquema de seguridad social. Luego, hubo cajas de jubilaciones provinciales que quedaron bajo la órbita federal, mientras que Córdoba y otros distritos mantuvieron sus sistemas, con acuerdos para que la Nación los ayudara con recursos.

Una bisagra fue la finalización del sistema privado en 2008, cuando se eliminó a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

Otra fue la decisión de la 
Anses de dejar de girar en 2011 los fondos comprometidos para la Caja de Jubilaciones local.

En ese escenario, Córdoba judicializó primero la deuda histórica de casi 1.040 millones de pesos con la Caja y luego sumó este caso, en un planteo similar al que habían vehiculizado las provincias de Santa Fe y San Luis.

Pese a los años transcurridos, la Corte todavía no se ha pronunciado en ninguna de esas causas.

La intervención del máximo tribunal de la Nación en la denuncia que presentó Córdoba ya había sido avalada por un dictamen de la Procuración General de la Nación de noviembre pasado.