VIEDMA (AV)- Las muertes de jóvenes en calabozos o en las calles a manos de la policía, la pretensión de garantizar impunidad a los funcionarios por parte del STJ, las múltiples deficiencias del Ejecutivo Provincial en sus políticas de Salud, Educación y de viviendas y la larga lista de denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de fondos y bienes del Estado fueron algunas de las acusaciones que formaron parte del informe de más de cuatro horas que brindó la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, ante la Legislatura rionegrina
Durante una hora, al inicio de la sesión, la defensora arremetió contra la política carcelaria y policial del gobierno de Miguel Saiz, enumeró los casos de muertes en calabozos y las de jóvenes de barrios humildes en distintas ciudades de la Provincia, ocurridas a manos de la policía.
En ese marco, pidió la renuncia del ministro de Gobierno, Diego Larreguy y del secretario de Seguridad, Víctor Cufré.
Luego detalló la larga lista de denuncias radicadas en la Justicia y también las de legisladores y referentes de la oposición, sobre hechos de supuesta corrupción o administración irregular o deficiente.
Recordó que en su informe anterior se refirió al papel central que le cabría a los jueces para luchar contra la corrupción. "No puedo volver al recinto con buenas noticias", sostuvo. Tras describir las medidas judiciales implementadas por el STJ acusó a ese cuerpo de tener "invertido y bajo sospecha su rol", ya que "protege al poderoso, le garantiza impunidad, funciona como contra poder, ejerciendo una opresión
sobre el ciudadano común".
También criticó la política habitacional del IPPV y disparó duro contra el titular del Sindicato de Viales, Carlos Sansuerro, por las irregularidades producidas en el otorgamiento de terrenos y viviendas a través de esa entidad intermedia y de las cooperativas que dirige su hijastro Carlos Iturburu, Sisvial y House Vial, todos investigados por la Justicia. Párrafo aparte merecen los fuertes cuestionamientos a Vicente Pili, titular del IPPV, quien se encuentra de licencia desde febrero de 2009 aunque, según aseguró Piccinini, continúa percibiendo fondos públicos en concepto de viáticos.
También criticó los gastos de publicidad referida al frustrado intento de reforma constitucional que impulsó el gobernador Miguel Saiz y el uso de la estructura del Estado para la campaña electoral para los comicios internos de la UCR, concretados el último domingo.
Dedicó buen tiempo a la renegociación de los contratos petroleros y a la situación de la empresa Edhipsa, a Salto Andersen y el nuevo endeudamiento por 54 millones autorizado por la Legislatura mediante un proyecto presentado por el Ejecutivo con acuerdo de ministros, al mal estado de escuelas y hospitales, a los compromisos generados a través de la firma del denominado proyecto sojero, a la situación del Ipross, al desvío de fondos para las bibliotecas y el FER y las presuntamente irregulares contrataciones en obras escolares.
Piccinini compartió audios de la jueza Marisa Bosco, de Valle Medio, a quien criticó por su actuación en la investigación por trata de personas en Choele Choel, del ex oficial Gabriel Ormeño que trabajó en ese caso y un extracto de las escuchas entre un oficial de la Policía y un proxeneta. Además mostró imágenes de los jóvenes muertos en Río Negro y proyectó una presentación en powerpoint.
Estuvo acompañada por su equipo a excepción del adjunto, Ignacio Gandolfi, quien anteayer anunció que pretende ser candidato a reemplazarla y manifestó críticas al accionar de la titular del organismo.
Aunque al comienzo de la sesión el bloque del oficialismo estuvo casi en pleno, de a poco los legisladores comenzaron a retirarse, encabezando el éxodo Patricia Ranea Pastorini, esposa del candidato a gobernador de la UCR, César Barbeito
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