La intención original de hacer conocer una situación de injusticia en lo salarial está más que satisfecha y la prolongación de este conflicto priva gravemente a la comunidad de un servicio público esencial como es la seguridad.

Dentro de un Estado de Derecho, la ley debe guiar a los ciudadanos, permitir la efectiva y eficiente resolución de conflictos, contribuyendo a la paz social.

El Defensor del Pueblo remarca que la seguridad es un elemento que no puede estar ausente en la vida en comunidad y menos de manera intencional.

Ante el devenir de los acontecimientos, llama a todos los ciudadanos a favorecer las acciones que tiendan a garantizar la paz social instando a asumir la responsabilidad que la hora demanda y solicitando al mismo tiempo a la ciudadanía en general a no alentar acciones que multiplican el miedo y el pánico.

Asimismo, repudia los actos de vandalismo y saqueo calificando de meros delincuentes a quienes lo ejercieron, destruyendo el esfuerzo y sacrificio de gente de trabajo, no solamente empresarios y comerciantes, sino también a los obreros y empleados que despliegan sus actividades en los lugares atacados.

Finalmente, hace un llamado a los órganos autónomos y autárquicos, los partidos políticos, fuerzas vivas, organizaciones intermedias, movimientos sociales y estamentos públicos nacionales, provinciales y municipales a defender la institucionalidad, nada menos que en las vísperas del 30 aniversario del retorno a la Democracia.