Córdoba

El senador cumplió con lo anunciado y radicó la denuncia en la Justicia federal acompañado únicamente de tropa juecista. Apunta a los convenios firmados entre Ersa y Tamse en la gestión de Llaryora. Por su parte, Passerini hizo lo propio en el mismo fuero, pero solicitando que se investigue desde el 2003 a la fecha, cuando Juez era intendente.

En tanto, las y los trabajadores del Inadi, Enacom y ex Ministerio de Desarrollo cuyas dependencias fueron cerradas aún no fueron notificados con los despidos y no saben cómo seguirá su situación. En ese marco, el dirigente presentó un habeas corpus preventivo donde solicitó que la Justicia les garantice el ingreso a sus puestos, en tanto no haya notificaciones fehacientes.

El concejal Rodríguez detalló el reclamo, que pasa por el personal, funcionamiento y estructura de la empresa.