En las últimas horas, el fiscal Rubén Álvarez recibió el informe contable realizado por los peritos de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, que hace referencia al balance presentado por el contador de la Municipalidad Ángel Pennente.

Según pudo saber Frente a Cano, los especialistas realizaron una serie de observaciones, avalando los dichos de los concejales denunciantes y sin afirmar ni negar la existencia de delito (lo debe determinar el fiscal o el juez de la causa).

“Haciendo una vista rápida del informe, es bastante duro desde el punto de vista contable”, remarcaron las fuentes consultadas por este diario digital.

Entre otras de las anomalías, se ratificó que no existían los registros contables y libros correspondientes para avalar la información del Balance, ni tampoco ninguna constancia de la aprobación por parte del Directorio del Coprotur.

Por otra parte, los peritos resaltan que se incumplió la Ley 13.580 (de conformación de consorcios como el Coprotur), ya que “era obligación del directorio presentar una Memoria Anual sobre la marcha del organismo”; algo que no se hizo.

Asimismo, le dieron la derecha a los concejales denunciantes en lo referido a la “deuda flotante” de alrededor de $790 mil que en el balance figuraba como “aumento por subsidios municipales a cobrar y aumento de deudas comerciales”. Es decir, se trata de las facturas de proveedores que aún no cobraron y para los cuales la Municipalidad explicó que faltaba la aprobación de los subsidios, aunque no existía documentación que avalara esa información.

Finalmente, los peritos decidieron abstenerse de emitir opinión sobre la “credibilidad” del balance. “Esto significa que consideran que tiene poca o nula credibilidad”, subrayaron por último las fuentes consultadas.