El edil recordó que el Tribunal de Cuentas formalizó una presentación de más de 30 fojas a concejales de mandato cumplido, mandato vigente e integrantes de su directorio (hablamos del Coprotur), así como también a los intendentes tanto en uso de licencia como interino, requiriéndoles informaciones que no les habían sido suministradas con anterioridad y otorgándoles un plazo de 15 días para formular un descargo.

"El análisis de esa información, los hechos, arrojan incumplimientos graves que aluden a la inexistencia de un régimen de contrataciones, de un estatuto, de un órgano de fiscalización y control, a la falta de presentación de las memorias y balances del ente ante el municipio y entidades privadas que como asociaciones conforman el consorcio, a la falta de inscripciones en la dirección de personas jurídicas, a la falta de inscripción en el registro de consorcios, a las contradicciones que emergen de su balance, la imposibilidad de mostrar con documentación de respaldo mas de $600 mil de gastos, a la inexistencia de un libro de inventario y balances, a la imposibilidad de poder conciliar por ese motivo los saldos bancarios, la existencia de 118 contradicciones en las contrataciones realizadas en todos los eventos del 2011", dice textualmente el escrito.

El político de Integración Ciudadana, afirmó que son todas esas circunstancias presentadas en el informe y sin perjuicio de descargos y agregó que algunas subsistirán y otras caerán pero aclaró que la falta de inscripciones, la falta de estatuto, la falta de reglamento y de contrataciones, son ilevantables.

"Todo esto nos ha llevado a una presentación adicional hecha al fiscal a cargo de la causa con el propósito de que investigue la posible comisión de delitos. Surge porque el informe del Tribunal de Cuentas vino a corroborar aquellas conclusiones que se habían elaborado en una comisión especial que las fuerzas de la oposición habían conformado en el Concejo", explicó.

Woscoff comentó que lo que están haciendo es una evaluación de los hechos y un pedido de investigación sobre la base de esos delitos y el fiscal podrá tomarlo o no en cuenta. "Es una consideración que hacemos nosotros a los fines de ir encuadrando hechos. Esta tarea no es fácil, le toca a la fiscalía. Nosotros intentamos colaborar con la investigación", añadió.

"Lo importante ahora sería avanzar sobre la base que ya ha hecho el Tribunal de Cuentas. Son ámbitos diferentes. El Tribunal de Cuentas analiza administrativamente la legalidad de los actos, y esa información puede ser utilizada en la causa. Cuando todo esto comenzó nos dijeron que el Tribunal no tenia competencias para revisar la actuación de un consorcio", mencionó.

"Se nos decía que por su conformación público/privada prevalecían las cuestiones de derecho privado, y en función de ello había una absoluta incompetencia del tribunal de cuentas. No solo el Tribunal aceptó la competencia sino que la ratifica en este informe. En el primer párrafo de este informe señala que es competente para hacer los análisis de auditoria que corresponden", finalizó.