La Coordinadora de Trabajo Carcelario le respondió al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti, por sus declaraciones en Rosario/12 del 17 de octubre pasado, cuando el funcionario aseguró que ""una parte de la sociedad pide mano dura con los pibes y otros denuncian malos tratos". "¿Desde qué lugar denuncia la Coordinadora de Trabajo Carcelario malos tratos?", es la pregunta que se propusieron responder desde la organización no gubernamental que trabaja por los derechos de las personas privadas de su libertad en los penales de la provincia, y en el Instituto de Recuperación del Adolescente (IRAR). Afirman que desde el comienzo de la actual gestión provincial "las condiciones de higiene más elementales han estado y están ausentes, con cañerías recurrentemente tapadas, ratas endémicamente instaladas, ventanas sin vidrios, falta de duchas adecuadas, falta de toallas, condiciones indignas a la hora de comer, como la disponibilidad de apenas dos vasos para 8 chicos, comiendo en el suelo o en mesas de material inmundas, a modo de ejemplo".

Por eso, desde la Coordinadora apuntaron que "Superti explica en esa nota cómo va a ser el nuevo edificio donde funcionará el IRAR, previa información del tiempo que demandará su puesta en marcha y ejecución y la especial atención que se puso en 'el mientras tanto', preocupación absolutamente atinada teniendo en cuenta que se han cumplidos tres años de gestión, en cuyo inicio el tiempo planificado para el cierre del edificio fue de seis meses".

El documento de la Coordinadora consideró "llamativa" la afirmación de Superti sobre el acento puesto en la salud de los internos durante estos tres años, habida cuenta de las deficiencias sanitarias del IRAR. El crítico documento de la ONG señala que "si la preocupación del ministro fue la salud, entendiendo que la salud no es ausencia de dolor o enfermedad sino calidad de vida, la salud en forma alguna está garantizada".

La ONG cuestionó también "la exposición y vulnerabilidad de los chicos frente a las guardias del Servicio Penitenciario, cuyo posicionamiento y formación no se basa en el respeto a la condición de 'sujetos de derecho'. Fuerza en la que sigue habiendo integrantes que naturalizan los golpes y el maltrato a los detenidos". Como ejemplo de esa situación, plantearon la "necesidad de constantes cambios de dicho personal ante la existencia de hechos así que lo justifican".

Para la Coordinadora, "a este entorno y condiciones se suman el deterioro tanto personal como social de los chicos, la quema de colchones, los cortes profundos en sus cuerpos. Situaciones que ponen de manifiesto la violencia que genera tanto lo habitacional ambiental, la falta de presencia sostenida de personal civil que proponga y genere actividades, un proyecto educativo con estrategias concretas (la erradicación del tiempo ocioso hasta hoy prácticamente constante) y la situación prolongada de encierro dentro de sus celdas, avalada por la Dirección civil".

La CTC considera que es falsa la dicotomía planteada por Superti. "En primer término porque un Ministro de Justicia y Derechos Humanos no puede aceptar por válido un reclamo 'pidiendo casi colgar a los chicos en una plaza' (sic) y una denuncia sobre torturas y malos tratos, que requieren de la más pronta solución", dice el documento, donde plantean que "tampoco debe buscarse un equilibrio entre seguridad y garantía de derechos, ya que en forma o modo alguno habrá seguridad sino se garantizan los derechos".

Los integrantes de la Coordinadora subrayaron que el lugar desde el que denuncian y seguirán "denunciando malos tratos y torturas es desde el compromiso con la defensa de los derechos vulnerados en los lugares de encierro, lo que en el caso particular del IRAR se hace desde que dicho instituto fue abierto".