Los siete trabajadores que conservan en movimiento la línea de producción de la cooperativa echeverriana La Esperanza, que fabrica purificadores de aires en Monte Grande, tendrán mañana la más dura batalla en su historia de su supervivencia: enfrentarán un desahucio si prospera el remate judicial del galpón que aloja sus máquinas. Los oponentes serán miembros de la denominada ‘Liga’, que opera en las ejecuciones ordenadas por los tribunales lomenses, y contra la propia Justicia.

A las 10.30 será ofrecido en subasta el depósito de Fernando de Toro al 900 que aloja prensas de chapa, matrizadoras y hornos de secado de pintura con los que confeccionan productos de su marca registrada, LAES. Según adelantó uno de los impulsores de la reactivación llevada a cabo en julio de 2009 Elías Robledo, en diálogo con LA TERCERA, mañana se congregarán en el palacio judicial para tratar de “detener” el intento de remate “a toda costa”.

Según explicó, se trata de un último recurso al que echan mano porque fueron mal asesorados por un abogado que los acompañó en el proceso de recuperación de la planta fabril, quien habría omitido contarles que pesaba un pedido de ejecución de una cláusula resarcitoria por parte de una entidad financiera. La postergación de la medida abriría paso a la expectativa de que un legislador provincial ingrese a la Cámara Baja bonaerense un proyecto de ley que expropie el inmueble a favor del estado, para luego llegar a un acuerdo de refinanciamiento con la comisión recuperadora. Esas tratativas, advirtió Robledo, “siguen su curso pero requiere de tiempo”.

Una amenaza colateral

Mientras el protocolo del remate sigue el curso que dicta la Justicia, un factor desequilibrante llama al alerta de los cooperativistas: el lunes y martes últimos fueron las jornadas de ‘exhibición’ del galpón, en la que se presentaron una veintena de personas, de acuerdo a las estimaciones de Robledo. De ellas, “sólo dos eran interesados, el resto era gente de La Liga… venían trajeados y ostentando”, describió el trabajador.

No obstante, desde La Esperanza no obstaculizaron la visita a la planta pero marcaron algunas pautas: “Los hicimos entrar de a dos personas, el veedor (tribunalicio) con cada supuesto interesado”, detalló el obrero, que lleva años más de quince años vinculado a la otrora distribuidora oficial CLER.

Si quisiera adquirir el bien para seguir con su proyecto, al colectivo le haría falta conseguir entre 400 mil y un millón 500 mil pesos, según estimaciones inmobiliarias formales e informales. Aún si lo consiguieran (algo que confiesan alejado de sus manos) aún les restaría lidiar con la organización para-judicial que virtualmente coordina mecanismos de ‘protección’ de los clientes que constituyen el remate.

En tanto, en la jornada de pujas la lucha obrera tendrá un aliado, o dos. Serán los trabajadores de una cooperativa gráfica, de Barracas, y de una dedicada a los plásticos, de Mataderos.