Las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo deberán asistir el próximo martes a la Legislatura para explicar su actuación ante el conflicto laboral en la papelera Molarsa, donde el personal exige la reincorporación de un obrero. Los diputados de la Comisión de Trabajo decidieron convocarlos ayer, tras escuchar a los empleados.

También pedirán que la vicegobernadora Ana Pechen interceda ante el Ejecutivo, con el fin de acelerar una respuesta, e insistirán con una consulta al ministro de Seguridad, Claudio Gastaminza, por haber permitido el ingreso de policías a la fábrica durante la protesta.

La convocatoria a la subsecretaría se acordó por unanimidad entre todos los bloques, durante una reunión con unos 50 obreros de Molarsa. Allí, la abogada por los empleados, Natalia Hormazábal, explicó que piden la reincorporación con tareas livianas de Chango Acevedo, trabajador que sufre discopatía lumbar, una enfermedad incurable, por haber cargado fardos de cartón de 100 kilos durante dos décadas. Indicó que la ley obliga a la firma a mantener al empleado, pero los empresarios pretenden despedirlo.

Contó que, en los meses que lleva el conflicto, “no hemos visto ninguna intervención por parte de la Subsecretaría de Trabajo”, pese a que ya llevan cinco audiencias infructuosas entre las partes.

Oscar Llanao, delegado sindical, agregó que días atrás les descontaron hasta dos mil pesos del sueldo por reclamar y describió condiciones laborales extremas, con jóvenes tercerizados que cumplen jornadas de 16 horas y personal que manipula hornos a 500º sin contar con guantes. Afirmó que los nuevos dueños de Molarsa, el grupo Sanovo Greenpack, trata a los obreros como “material descartable”.

Daniel Andersch (MPN) coincidió en que “hay un abuso total” por parte de los dueños de la papelera. Señaló que se viven situaciones similares tanto en el ámbito privado como en el público e invitó al resto de los legisladores de extracción sindical “a ser corporativos como trabajadores en esta cuestión”.

Raúl Godoy (FIT) planteó que la subsecretaría “está llevando a la desesperación” a los obreros al no emitir dictamen. También Rodolfo Canini (FG-NE) y Eduardo Benítez (UCR) pusieron énfasis en la necesidad de que el organismo intervenga y recalcaron que es su deber intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley. “Lo preocupante es que tenemos conocimientos de estos hechos graves cuando trascienden en los medios”, acotó Manuel Fuertes