El convenio del Municipio con American Express fue anulado automáticamente porque no se efectivizó el pago. En tanto, el del Casino, pese a que la empresa canceló parte del pago establecido en el convenio, tampoco tiene validez porque no fue tratado por la Comisión de Transacciones.
Ambos convenios fueron suscriptos por cesante Jefe Comunal en diciembre de 2012, un mes antes de ser suspendido, y presentan una misma metodología: importantes quitas a favor de las empresas privadas -presumiblemente perjudicando el erario público municipal-; y la ausencia de cumplimiento de los pasos previstos en la normativa, que obligan a su aprobación por la Comisión de Transacciones.
En la práctica, los dos polémicos acuerdos firmados por el cesante Jefe Comunal con Entretenimientos Patagonia S. A. -concesionaria de dos salas de juegos- y American Express, no tienen validez.
En el caso de la quita de deudas a la empresa de tarjeta de crédito internacional, American Express, en el propio convenio se establece que de no efectivizarse el primer pago en el término de 10 días hábiles, el acuerdo pierde toda validez. Goye firmó ese convenio el 18 de diciembre de 2012, otorgándolea la firma una importante quita de deuda sobre los Derechos de Publicidad y Propaganda. Por informaciones extraoficiales se sospecha de una quita de 300 mil pesos a favor de American Express, sobre compromisos impagos por unos 450 mil pesos.
En relación al convenio con la empresa Emprendimientos Patagonia S.A. -que explota dos salas de Casino en Bariloche- se cuestiona que el municipio aceptó cobrar la suma de 800 mil pesos -por Tasas vencidas-, cuando en realidad hubiese podido aspirar a percibir 1,2 millón aproximadamente.
El acuerdo -promovido por Goye el 14 de diciembre de 2012- establecía que por la deuda de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) del período septiembre-diciembre de 2011 la empresa abonaría 400 mil pesos, y que pagaría una suma similar -a la que hay que sumarle intereses- por los períodos correspondientes a enero-octubre de 2012.
El Tribunal de Contralor estimó que la nulidad del convenio con el Casino, está dada por el sólo hecho de no haber sido tratado en la Comisión de Transacciones, ni analizado en el Concejo Municipal.
La Ordenanza que regula este tipo de operaciones, establece que “si un convenio no ingresa a la Comisión de Transacciones, es automáticamente anulado”, detalló a ANB la vocal del Tribunal del Contralor, Daniela Núñez.
La aclaración de la letrada responde a que el bloque de ediles del Frente Grande, había solicitado al Contralor que declare la nulidad de ese convenio, bajo la premisa “el que mal paga, paga dos veces”.
Al respecto, Núñez puntualizó que el organismo de control “no puede determinar la nulidad, ya que está establecido en la Ordenanza de Comisión de Transacciones, que todo convenio que no es tratado por dicha comisión es nulo. No lo decimos nosotros, lo dice la Ordenanza”, enfatizó la letrada.
Y precisó que “será el Ejecutivo, el que deberá dictar una Resolución” para “bajar ese convenio” y “darle una finalidad, aclarando que no lo reconoce”.
En ese sentido, la Asesora Letrada del Ejecutivo, María Marta Peralta, coincidió con Núñez y manifestó que se emitirá la Resolución correspondiente, pero que “antes era necesario que todas las áreas del Municipio tomaran conocimiento” y por esa razón, se remitió la documentación al Tribunal del Contralor, además de propiciar las investigaciones pertinentes.
No obstante, el Casino efectuó algunas de las cancelaciones estipuladas en el convenio. Lo hizo a través de la entrega de un cheque -por 400 mil pesos- y tres cuotas en efectivo, que suman cerca de 240 mil pesos.
Ese dinero, “podría ir a cuenta de la deuda” que mantiene la casa de juegos con el Municipio, “de acuerdo a lo que determine el Ejecutivo”, opinó la contralor, y sintetizó: “La realidad es que el casino cumplió”, con lo establecido en el acuerdo firmado con Goye.
El cálculo indica que, aún cancelando el mínimo establecido por Ordenanza, el Casino debiera haber pagado 1,2 millón aproximadamente sólo por los períodos correspondientes a 2012, con lo cual el posible perjuicio al erario público ronda los 320 mil pesos.
Comentá la nota