La definición sobre el inicio o no de los sumarios al ex decano de Ingeniería Diego Moitre, al ex vicedecano Carlos Bortis y al docente Esteban Carranza fue nuevamente postergada por el Consejo Superior. Esta vez, por una semana. Pero lo más llamativo fue el motivo: el desconocimiento que tenía sobre el tema buena parte de los integrantes del órgano de gobierno de la Universidad Nacional, pese a que el tema hace dos años que fue denunciado por el entonces decano interino de la Facultad, Jorge Barral. Y que alcanzó fuerte exposición pública tanto dentro como fuera del campus.

En esa denuncia, se remarcó que los 9 convenios por casi 4 millones de pesos firmados entre la Facultad de Ingeniería, la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) presentaban irregularidades referidas al 20% que debía correspoder a la Universidad y que no estaba contemplado; al lugar donde se desarrollaban los experimentos, que estaba fuera del campus; y los equipos de trabajo que contaban con personal ajeno a la casa de altos estudios, pese a no ser especificado. Sumado a esto, Barral presentó la documentación sobre las remuneraciones, donde aparecían Bortis y Carranza con $ 4.000 mensuales por cada protocolo.

En la sesión de ayer quedó en claro que muchos integrantes del Consejo no conocían en nada el expediente. La explicación fue que hace poco que están en sus cargos como consejeros. “Hay casi medio Consejo, quizá menos, que se ha renovado entre el año pasado y este año. Esto se trató hace casi un año, ante el pedido de la Fiscalía Federal, cuando se optó por no tratar los despachos. Pero ante la posibilidad de que no se resolviera de parte de la Justicia Federal la cuestión, los despachos iban a venir al cuerpo nuevamente para evitar la prescripción administrativa”, explicó Pablo Wehbe. “Pero como casi el 40% del cuerpo no conoce del tema, propondría que quedaran los despachos en Secretaría para que en la primera sesión se puedan tratar, pero que antes puedan leerlos y saber deProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 ué estamos hablando”, agregó.

La posibilidad de postergar la decisión de iniciar o no los sumarios sobre los tres funcionarios sospechados, algo que ya recomendó el área de Sumarios de la Universidad luego de una primera investigación, comenzó a barajarse antes de ingresar al recinto de sesiones. “Hay muchos que no tienen conocimiento sobre el tema porque son nuevos”, deslizó uno de los integrantes más antiguos del cuerpo minutos antes de las 10.30, hora en que comenzaba la reunión.

Lo cierto es que antes del 30 de junio el Consejo debe comenzar a tratar el tema para evitar su prescripción.

Como se recordará, los convenios fueron firmados por Moitre y Bortis el 28 de junio de 2007. El 1º de abril del año siguiente, Barral presentó la denuncia en el Consejo Superior, que decidió enviarla a la oficina de sumarios para que se establezca si había fundamentos para iniciar un sumario a los tres funcionarios mencionados. La titular del área de Sumarios remarcó que “se dan todos los presupuestos necesarios para solicitar la promoción de un sumario administrativo que permita recibir las declaraciones de los ingenieros Carlos Bortis, Diego Moitre y Esteban Carranza”. A partir de allí, el tema fue derivado a la Comisión de Interpretación y Reglamento, de donde surgieron dos despachos: uno a favor de iniciar los sumarios y otro que busca archivar el expediente. Desde ese momento -hace ya un año- el Consejo Superior debe votar y resolver por una u otra opción. Sin embargo, ahora habrá que esperar hasta la sesión del 29 para conocer cuál será la decisión luego de la postergación de ayer.

Ante esto, el rector Oscar Spada destacó que “no podemos seguir más allá del 29. Tomar la decisión de que puedan todos los consejeros leer el expediente durante esta semana”, pidió.