"Nosotros cuestionamos y de hecho habíamos hecho un despacho alternativo, porque el convenio es ambiguo, no tiene definidos sus alcances, no se establece que significa consumo abusivo, no se detallan actividades que podrían ser consideradas abusivas y que actividades podrían estar sujetas a control. Nosotros sosteníamos que, previo a realizar la firma de este convenio, debían aclararse o tipificarse algunas cuestiones para que el convenio pueda ser efectivo", indicó Quartuccien diálogo con CAFEXMEDIO.

El convenio fue sancionado bajo una situación particular en el Concejo Deliberante. Ocho concejales del Frente para la Victoria, el PRO y el concejal Curino votaron a favor de este convenio y el resto de los concejales votaron en contra. "El convenio salió aprobado merced al doble voto que por reglamento tiene el presidente del Concejo Deliberante", afirmó la edil local.

"Desde mi punto de vista, si bien el convenio ha sido ratificado por el Concejo Deliberante, entiendo que es de dudosa legalidad. Yo lo he escuchado tanto a el titular de ABSA y al titular del CUIM y, en este segundo caso, el señor Otamendi reconocía que no tienen inspectores suficientes para realizar la tarea, que se van a encontrar con limitaciones como el poder ingresar a un domicilio. Esto va a poner en juego la poca práctica o la propia efectividad que puede llegar a tener un convenio de esta naturaleza", ratificó la concejal por el GEN.

Para finalizar, Quartucci opinó que, más allá de la buena voluntad, de la posibilidad de control o no, no se puede habilitar un mecanismo de infracción basado solamente en el sentido común. "Hay que tipificar las infracciones, las conductas que pueden ocasionar una sanción. Por lo tanto el convenio, tal como ha sido aprobado, yo dudo que superada una instancia administrativa pueda sostenerse en una instancia apelada en la justicia ordinaria", sentenció.