Cuenta la historia que Luis Jufré, el fundador de San Luis (por entonces San Luis de Loyola), quiso homenajear a su padre y por eso le agregó el nombre de Nueva Medina de Rioseco, por la localidad en la que vivía don Juan Jufré.

Ayer, en una fría mañana en la región de Valladolid, Alberto Rodríguez Saá y el alcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez González, volvieron a unir los destinos de la provincia argentina y la ciudad española al firmar un convenio de cooperación que refuerza los lazos que comenzaron en 1594. Además, descubrieron una placa que inmortaliza este acuerdo mutuo.

Alberto Rodríguez Saá, su hijo y funcionarios

españoles durante la visita a Medina.

“Las comunidades pueden hermanarse por diferentes razones, donde la historia en común ad-quiere un papel relevante, pues es ella precisamente quien a partir de las profundas raíces identitarias, permite proyectar un futuro promisorio de justicia y libertad”, dice el texto en su prólogo, en el que ambos mandatarios aseguran estar “convencidos que al intercambiar conocimientos y experiencias, se fortalecen y acrecientan los vínculos sociales y estatales, al tiempo que se contribuye a encontrar soluciones a desafíos comunes y, por tanto, a acrecentar la mejor vida posible de la familia humana, propician-do el bien común”.

El convenio establece programas de acción con el fin de ampliar el conocimiento recíproco a través de la cooperación en las áreas social, cultural y económica. San Luis y Medina de Rio-seco promoverán el intercambio y la difusión de informaciones de ambas comunidades, en materias tales como herramientas de solvencia fiscal, obras públicas e infraestructura, turismo, salud, ecología, educación, cultura e historia y tecnologías de la información y digital.

Para dejar asentadas las intenciones, ambos gobiernos se comprometieron a efectuar todos los actos jurídicos e institucionales que conduzcan a la declaración del Hermanamiento de San Luis con Medina de Rioseco.

El acuerdo tendrá una duración indefinida, aunque puede ser modificado o anulado por cualquiera de las dos, previa denuncia fehaciente y con una comunicación previa con un mínimo de tres meses. Aunque resulta difícil creer que una unión de hecho que sobrevivió a más de cuatro siglos de historia pueda disolverse con un simple acto administrativo.