Burla y burdo disfraz. Esos dos ásperos vocablos utiliza el abogado experto en Derecho Constitucional Luis Iriarte para calificar, respectivamente, al proceso electoral vigente en la provincia y a la propia Carta Magna reformada en 2006. "La Convención Constituyente violó los límites de la enmienda guiada por el deseo de ampliar el poder de los funcionarios que impulsaron el proceso reformista, asegurándoles continuidad e impunidad", opina el ex convencional por Tucumán en la última modificación de la Constitución Nacional (1994).

Iriarte, que en 2007 fue candidato a gobernador por la alianza del Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) con Ciudadanos Independientes, alabó la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (el viernes 18 de marzo declaró nulos e inconstitucionales los incisos 14 y 16 del artículo 43 de la Constitución provincial). "Una Junta Electoral de la Provincia (JEP) oficialista y una cláusula que habilita a funcionarios públicos a candidatearse y reelegirse sin renunciar a sus cargos, usando toda la maquinaria estatal y los fondos públicos para ese objeto, es una burla para el proceso electoral democrático, que exige confiabilidad e independencia en el órgano que controla las elecciones e igualdad de oportunidades para quienes compiten por cargos públicos", medita el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán en una nota que envió a LA GACETA.

"Las constituciones tienen que limitar y controlar el poder, que debe ser equilibrado y vigilado por una Justicia independiente", recuerda el letrado, que aboga por un acceso amplio a los Tribunales en materia de derechos y garantías fundamentales. Iriarte afirma asimismo que el fallo de los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello resolvió el planteo judicial impulsado por el MP3 con solvencia y esmerada cita jurisprudencial local, nacional e internacional. También pondera positivamente la decisión de los magistrados de analizar la constitucionalidad de la JEP -integrada por el vicegobernador, el fiscal de Estado y el titular de la Corte Suprema de Justicia- y de la restricción del inciso 16 del artículo 43 -prohíbe exigir licencia previa a los comicios a los funcionarios que son candidatos- de acuerdo con los valores y principios de la Carta Magna argentina y del derecho internacional de los derechos humanos.