Como se podía esperar, los vecinos cipoleños acompañaron en forma masiva la convocatoria Ni Una Menos y ayer por la tarde, las calles céntricas se poblaron con más de 15.000 personas, según estimaciones extraoficiales. La manifestación se transformó en una de las más importantes de los últimos años y mostró el gran compromiso de particulares y organizaciones sociales de la región.

“Basta de violencia” fue una de las tantas pancartas que desplegaron los asistentes a la concentración y marcha, que tuvo su epicentro en la plaza San Martín y luego, se desplegó por las calles Roca, 25 de Mayo, Yrigoyen y Sarmiento.

En la apertura, la Multisectorial de Mujeres de Cipolletti se encargó de darles la palabra a varias vecinas, que contaron sus experiencias personales y además reclamaron una intervención decidida a las autoridades gubernamentales y judiciales. Familias completas concurrieron a la plaza y siguieron con atención los mensajes de los oradores. Incómodo, uno de los jueces de instrucción de Cipolletti escuchó los duros cuestionamientos a su rol ante las denuncias por violencia de género. “Hay jueces que se matan de risa”, disparó una de las oradoras.

Hubo aplausos para las mujeres que se animaron a contar sus vivencias y también mucha emoción en los ojos de los presentes ante los relatos de golpizas y acoso sexual.

Sin presencia policial y con el correr de los minutos, la plaza se cubrió por completo y pasadas las 17:45, empezó a desarrollarse la marcha. La marea humana compuesta por niños, trabajadores, abuelas y estudiantes entonó cánticos y principalmente, se encargó de mostrar sus carteles, con consignas coincidentes sobre terminar con la violencia hacia las mujeres.

Entre los concurrentes, estuvieron los legisladores provinciales Jorge Ocampos y Ariel Rivero; el concejal Alejandro Goya Villagrán; la dirigente barrial Lilia Calderón; el candidato a legislador Diego Vázquez; y la electa presidenta del Concejo Deliberante, Marisa Lazzaretti.

Además de los asistentes a la marcha, se registró un importante acompañamiento de los empleados y dueños de comercios céntricos que, admirados, salieron a la vereda a ver el paso de las personas. “Esto me encanta, esto no es política. Salió un pueblo a la calle”, expresó María Angélica.

Alrededor de las 18:30, culminó la movilización y se completó la actividad con una intervención artística en la plaza.

Amenazó a su ex con quemarle la

casa, pero “no es violencia de género”

La defensora general del Poder Judicial de Río Negro, María Rita Custet Llambí, generó polémica al considerar que “no surge encuadrable en una situación de violencia de género” la acción de un imputado de amenazar a su pareja con prenderle fuego la casa si no le entregaba a la hija que tienen en común.

La funcionaria judicial afirmó que para que se configure violencia contra la mujer, por su condición de tal, debe darse “una relación asimétrica de poder en la que se encuentre alegada y probada su intencionalidad, lo que no se verifica en esta causa”.

El hecho ocurrió el 27 de agosto de 2014, a las 13, en un domicilio del barrio Costa Norte de la ciudad de Cipolletti.

Custet Llambí, en una resolución dictada hace pocos días, estimó que “para el supuesto de que se entienda que la situación ventilada en esta causa configura violencia de género, señala que lo resuelto por el Tribunal de esta ciudad es acertado y acorde a derecho”.

Además sostuvo que los magistrados, al evaluar la oposición del Ministerio Público Fiscal, estimaron que la suspensión del juicio a prueba es “un instrumento adecuado para dar una pronta y efectiva respuesta a la víctima por los hechos padecidos, según la manda de la Convención de Belém do Pará”.

Custet Llambí planteó que “no en todos los delitos de violencia de género debe obstaculizarse el acceso al beneficio, sino que debe analizarse su implementación en cada caso concreto, ello con cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abono de su postura”.

Los motivos

Por último detalló los motivos tenidos en cuenta por la Cámara de Cipolletti para acceder a la solicitud del imputado, así como las pautas de conducta impuestas y concluyó que “denegarle el instituto, a casi tres años de acontecido el hecho, resulta arbitrario y vulnera los principios de legalidad, pro persona, pro libertatis y mínima prisionización”.