El servicio de transporte escolar que presta el Ministerio de Educación comenzó a ser fiscalizado en toda la provincia con inspectores del área de Transporte del gobierno. En la faz administrativa restan cumplir algunos pasos para la regularización de la prestación ya que en los papeles, las licitaciones se encuentran en la etapa de preadjudicación dentro de siete circuitos que no fueron transferidos a los municipios.

La fiscalización en el presente ciclo lectivo se realiza desde los 32 municipios, con supervisión de la cartera educativa, y el cuerpo de la Subsecretaría de Transporte –como veedor– para observar el estado de las unidades afectadas, las condiciones en que se presta el servicio, y el monitoreo de las correcciones que deben realizarse. Los controles se extienden a los siete recorridos aun en manos de la provincia.

"La primera policía es el municipio, que a su vez debe rendir los fondos transferidos por la provincia, y en cuanto al pago que está al día, no tenemos reclamos", indicó la coordinadora educativa, Mabel Rigoni.

La vigilancia implica verificar si se cumplen las exigencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el pago de impuestos provinciales por parte de los concesionarios. En la actualidad, se reconoce efectivamente a los prestadores, un valor de 12 pesos el kilómetro para 245 días de servicio y la cobertura hacia 12.579 estudiantes transportados.

Los siete distritos con papeleo pendiente son Viedma, Guardia Mitre, General Conesa, General Roca, Bariloche, Valcheta y Ñorquinco. Las explicaciones de Educación es que se encuentran en la mencionada fase debido a que existen "mínimas" impugnaciones entre las empresas en puja, y por lo tanto debe resolverse por la adjudicación definitiva; aunque se aclaró que no está afectada la prestación.