Las resoluciones elevando ternas al Ejecutivo de los últimos concursos realizados por el Consejo, llevan en sus consideraciones una misma frase: "Se estima innecesaria la realización del examen previsto por el artículo 35 del Reglamento General y de Concursos Públicos", que prevé un estudio de aptitud física y psicológica a quienes van a decidir sobre la libertad y los bienes de las personas. Por eso, en la parte resolutiva, la Presidenta del Consejo, Lucila Haidar, y el secretario Gustavo Oscar Castiglioni, dispusieron "no realizar el examen psicológico y psicotécnico previsto en el artículo 35 del Reglamento General y de Concursos Públicos del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos".

Esta situación, sin embargo, no queda delimitada a estos casos en particular. La razón de esto, que se viene dando desde que comenzó a funcionar el cuerpo, es que "no se ha llegado a un consenso en el Consejo de la Magistratura entre los distintos actores, para ver cuál es el mejor método para llevar a cabo el psicofísico", relató a APF el consejero en representación de la sociedad civil, Ricardo Sánchez (CTA).

El cuerpo colegiado está integrado por una representante del Ejecutivo; dos representantes de los magistrados; dos de los abogados; tres académicos del derechos; uno de los empleados judiciales; dos de las organizaciones sociales. En el interior del cuero, son los trabajadores de la justicia y los referentes de la sociedad civil, quienes impulsan que el control de sanidad se concrete, contra la resistencia de abogados y jueces, con mayor vehemencia en éstos últimos. Hasta ahora, la situación está bloqueada.

Desde la renuncia de Walter Carballo en marzo del 2009 hasta la designación de Lucila Haidar en febrero de este año, la secretaría de Justicia (cuyo titular es el representante del Ejecutivo en el Consejo) estuvo sin titular. Al ser consultada por esta Agencia sobre la cuestión de los controles psicofísicos a los postulantes a la magistratura, Haidar pidió tiempo para interiorizarse, debido al poco tiempo que llevaba al frente del área. "Todavía no me he reunido con el Consejo. Los concursos que se están terminando son del proceso anterior", es decir, del lapso de acefalía.

Sin embargo, las resoluciones 373, 374, 375, 376 y 377 correspondientes a los concursos 72 (2 cargos de Vocal para la Cámara Laboral de Concepción del Uruguay); 79 (un cargo de Juez para el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Paraná); 80 (1 cargo de Juez para el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concepción del Uruguay); 81 (1 cargo de Juez para el Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Concordia) y 82 (1 cargo de Juez Civil y Comercial Nº 10 de Paraná), donde figuran las excepciones al control, indican que están rubricadas por "la Presidenta y el Secretario General del Consejo de la Magistratura".

• Textual

El Consejo de la Magistratura actualmente en funciones, está regido por el decreto 23 de diciembre de 2003, cuando el entonces gobernador Jorge Busti decidió autolimitarse en la facultad que la Constitución otorga al titular del Ejecutivo para mocionar jueces al Senado y crear un órgano consultivo. El artículo 35º del reglamento de funcionamiento de este instituto, prescribe:

"El Plenario podrá requerir que se efectúe a los entrevistados un examen psicológico y psicotécnico, que tendrá por objeto establecer las características de personalidad de los candidatos, a fin de determinar su aptitud para el desempeño del cargo que en cada caso se concurse. El resultado de esos exámenes tendrá carácter reservado. Cada entrevistado, cuando así lo solicite, podrá conocer los resultados que le conciernan personalmente. El concursante que sin causa justificada, no concurra a la entrevista personal o no se someta al examen psicológico y psicotécnico, si es que fuere convocado para el mismo, quedará automáticamente excluido del concurso".

La Convención que reformó el texto de la Constitución en 2008 dio al Consejo de la Magistratura mayor rango, aunque lo dejó como dispositivo con carácter consultivo del Ejecutivo. La Legislatura avanzó parcialmente en la reglamentación de este instituto, con un proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados y que desde agosto del año pasado espera ser ratificado por el Senado.

El último párrafo del artículo 17º de la iniciativa, reza: "Al momento de inscribirse, los postulantes acompañarán un certificado que acredite su aptitud psicofísica para el desempeño del cargo que concursen, debiendo garantizar el Consejo que todos los postulantes sean evaluados por los mismos profesionales". Este apartado, que no estaba en el texto original que el bloque justicialista presentó, fue incorporado durante la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales.