A solo un día del inicio del nuevo congelamiento de precios, la lista oficial de los 500 productos aún no ha sido difundida y no circulan escritos que coordinen las tareas de inspección.

Sin demasiadas definiciones, se siguen sumando opiniones de los intendentes de Mendoza respecto de su posible participación en los controles, según las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández.

Jorge Difonso, jefe comunal de San Carlos, fue contundente al definir como "imposible" el control de precios por parte de su municipio.

"Para que las intendencias intervengan en la fiscalización de precios debería reformarse la Ley de Municipalidades", indicó el funcionario. La normativa a la cual hace referencia Difonso, es la 1079 de Mendoza. La misma contempla la intervención de los municipios en controles sanitarios, pero los deja fuera en lo que respecta a precios y a todo tipo de sanciones en ese ámbito.

Actualmente, es Industria y Comercio de Mendoza la encargada legal de realizar el seguimiento en los valores de los productos.

Otras limitaciones para el intendente sancarlino de responder a la demanda de la Presidenta, pasan por cuestiones estructurales. Difonso aclaró que no cuenta con inspectores disponibles para tareas de control de precios ni presupuesto para contratar más personal.

Por otra parte, comentó que "aun no hay una lista de productos con sus respectivos precios ni comunicados oficiales por parte del Gobierno", lo que dificulta cualquier plan de acción.

Similar fue la opinión de Alejandro Bermejo, intendente de Maipú. "No vamos a proceder con ningún tipo de control hasta tanto se defina oficialmente como va a ser el procedimiento", señaló.

Desde el mismo departamento, Enrique Vitale, director de Fiscalización del Municipio, explicó que -luego de dialogar con funcionarios de su Gobierno- entendió que las intendencias continuarían con sus habituales tareas de controles de sanidad y habilitaciones. "Por el momento, los municipios no intervendrían en el control de precios", aseguró.

Apoyo de Guaymallén

Diferente a la de Difonso y Bermejo es la postura adoptada por Alejandro Abraham, quien se prestará a colaborar con las tareas de control, aun sin haber recibido definiciones por escrito por parte del Gobierno Provincial o Nacional.

"Vamos a asignar inspectores para hacer el seguimiento de los 500 productos. En caso de que falte personal, incluiremos temporalmente a personas que en su labor diaria desarrollan otras funciones", aseguró .

El jefe comunal de Guaymallén reveló, además, que el municipio evalúa la posibilidad de crear un lugar físico donde se reciban denuncias por parte de los consumidores.

En relación al acuerdo de precios, Alejandro Abraham defendió la iniciativa tomada por el Gobierno Nacional, aunque coincidió con su par de San Carlos en que "sería más efectiva y rápida la aplicación de sanciones si los municipios tuvieran la facultad de penalizar por sus propios medios".