"El control sobre el Estado está dirigido a mejorar la satisfacción de las necesidades y de los intereses de los ciudadanos, directa o indirectamente, y en forma oportuna. No debe estar orientado a un aspecto represivo, sino que tiene que ayudar en la toma de decisiones de los funcionarios, a través de la educación y de la prevención", afirmó Miriam Mabel Ivanega.

La directora general de Sumarios de la Ciudad Autómona de Buenos Aires detalló la importancia de la labor institucional de revisar las acciones de las reparticiones estatales, durante las primeras jornadas de capacitación en la materia, organizadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

La doctora en Derecho y vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo aseveró que la supervisión respecto del funcionamiento de las oficinas públicas permite modificar las conductas erradas y mejorar los procedimientos.

Magnitudes

"Nuestra labor no es una máquina de impedir, sino que puede ayudar a gestionar. En este siglo es fundamental determinar qué se controla; quién lo controla; para qué se controla y cómo se controla, porque hay muchos organismos. Algunos podrán apuntar más al gasto; otros, a los procedimientos y otros, a las necesidades de la gente. Es necesario que sean organismos administrativos independientes y autónomos, pero separados del Poder Judicial", señaló.

La experta consideró que el tipo de administración que se controla es la que determina si se puede aplicar un control preventivo (realizado antes de que concluya el trámite, como se ejerce en Tucumán) o sólo posterior (se ejecuta luego de finalizado el acto): "la magnitud de la Nación impediría una labor preventiva general como se aplica en las provincias, aunque podría concretarse en aquellos procedimientos que tengan trascendencia institucional o económica".

"Los sistemas que se aplican en el país son buenos, pero el problema es si funcionan o no en la práctica. A veces no se ven en forma nítida los resultados de la tarea, lo que depende del tipo de control que se ejecuta. Uno posterior no necesariamente debe ser inoportuno, sino que se convierte en tal cuando ya se ejecutó todo y es difícil la revisión. En el ámbito nacional, sería importante reforzar lo que existe con nuevas competencias que faciliten la gestión pública", agregó.

Conductas humanas

"El Estado no es corrupto en sí mismo, porque la corrupción implica siempre una conducta humana de los funcionarios. Puede haber gobiernos más o menos corruptos, pero el control no debe medirse en función de este aspecto, sino en relación a lo que necesita la comunidad", puntualizó.

Ivanega consideró que el motor de todo control es determinar si se cumplió el objetivo propuesto en un programa específico, y poder establecer cuáles fueron los factores que impidieron que se alcancen esas metas. "Pueden haber habido impedimentos valederos y legales, que hicieron imposible lograr un resultado", detalló.

La especialista aseveró que la resistencia a ser controlado es natural en cualquier individuo, lo que incluye a los funcionarios: "le tienen miedo porque creen que sólo habrá trabas, cuando el propósito es que se modifiquen las conductas contrarias a las normas jurídicas y a los objetivos del Gobierno, y así evitar repeticiones erradas".

La directora ejecutiva del Magister en Derecho Administrativo de la Universidad Austral elogió la inclusión del Tribunal de Cuentas entre las nuevas instituciones de la Provincia, a partir de la reforma constitucional de 2006. "Esa jerarquización es fundamental porque le asegura al organismo competencias básicas y a sus conductores, inamovilidad e independencia; todo ello deviene en eficiencia en su labor, la que no siempre está garantizada aunque se la exijan a otras áreas del Estado", concluyó.