En ese sentido Contreras consideró "de especial importancia opinar y abrir a la ciudadanía el debate de esta situación, ya que solo con el acompañamiento y compromiso de la sociedad en el ejercicio de la justicia, podremos aspirar a una provincia más justa y democrática".

Además, dijo que "la impunidad que pretenden gozar estos funcionarios a través de artilugios procesales de parte de su abogado, remite a lo peor de la dictadura cívico-militar en la Argentina, cuando quien mataba, torturaba y hacía desaparecer personas, se encontraba protegido por un manto de protección no menos criminal que los actos que apañaban".

La legisladora señaló que "el Juez Lozada, a cargo de la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de los homicidios de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, se viene desempeñando en silencio desde el día 17 de junio de 2010. Luego de 8 meses de trabajo reunió las pruebas que le permiten citar a prestar declaración indagatoria a los imputados. ¿Esa circunstancia lo torna imparcial, falto de independencia?" y que "el Sr. Cufré y el Sr. Villanova, además de los restantes sospechados, han descalificado mediante sus declaraciones y acciones ( en relación a la causa), a la misma ley , no reconociendo la forma de gobierno que existe en la provincia y el país, en donde la división de poderes y los controles recíprocos de un poder del estado respecto de otro son los pilares básicos de su funcionamiento".

Mediante un comunicado Beatriz Contreras expresó que "sus actos ponen de manifiesto sus pretensiones de estar por encima de la legalidad, lejos de respetar el Estado de Derecho y los principios democráticos, intentando ser hombres y funcionarios que no deben rendir cuentas de cara a la ley y la sociedad".

Finalmente, la legisladora dijo que "llega a tal punto la impunidad con la que pretenden desempeñarse, que no han sido capaces al menos de presentar su renuncia, y pretenden manejar algo tan sensible como la seguridad de los ciudadanos manteniendo estructuras y actitudes que se encuentran muy lejos de los principios que deberían hacer cumplir como funcionarios" y que "al pretender sortear la intervención del juez que los investiga se burlan, no solo de los principios de igualdad ante la ley, sino también de la misma ciudadanía que cada vez confía menos en su clase dirigente".

Es por ello que "si pretendemos como sociedad eliminar el delito, la violencia y la injusticia, no podemos encomendar una tarea tan sensible a personas que, en vez de ser un ejemplo como ciudadanos, presentan procesos penales en su contra y utilizan la estructura del estado como fuente de impunidad".