El presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Rubén Contreras, se refirió a los motivos por los cuales en la última sesión ordinaria se consideró “innecesario” el tratamiento de los pedidos de endeudamiento solicitados por el Poder Ejecutivo provincial, basados en la información económica con la que contaban a partir de la Ejecución Presupuestaria presentada en el Parlamento al mes de julio de 2013.

En estas declaraciones, difundidas a través de un comunicado de prensa, sostiene en primer lugar que a pesar de que la mayoría de los diputados de la bancada del FPV “se abstuvo en la votación del actual Presupuesto, que planteaba un déficit de 970 millones de pesos, hemos dado muestras claras de todas las herramientas que hemos aprobado a pedido del Poder Ejecutivo”, ya que “modificamos la mayoría de las alícuotas recaudatorias, como las previstas en juegos de azar y apuestas, la Ley Impositiva y el Código Fiscal, aprobamos la creación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, le autorizamos endeudamiento por 100 millones de pesos y la extensión de concesiones con empresas petroleras”, explicó, en referencia a leyes que fueran aprobadas durante el año 2012, anteriores al tratamiento del Presupuesto 2013, sobre el que se abstuvieron y en el cual estaba reflejado el impacto de las mismas.

Sobre la información económica presentada, junto con los fondos que se perciben de parte del Gobierno nacional, regalías petroleras y por minería, señaló que “se nos informó que sólo en el primer semestre existió una recaudación de más de 620 millones de pesos mensuales, de los cuales 100 millones van a los municipios, pero sabemos que la Provincia recibe dinero por otros ítems que no son coparticipables y que no están en esta cuenta que estamos haciendo, como también sabemos que en el medio han habido negociaciones paritarias y se han otorgado aumentos de sueldo”, reconociendo luego que “no tenemos los números totales”.

En ese sentido, Contreras señaló que “solicitamos información sobre la vigencia o no del decreto que restringía el ingreso de personas a la administración pública, ya que estimamos es cercano a las 4.000 en estos últimos años”, por lo que consideró que “este Gobierno no tiene previsibilidad: por un lado continua ampliando la planta de personal y por otro, pide endeudarse para pagar sueldos y aguinaldo”.

“Nos sentimos presionados y la realidad es que no tenemos responsabilidad en el pago de aguinaldos”, dijo el diputado y agregó “nosotros nos basamos en la información que se mandó a la Cámara de Diputados, que dice que el dinero está”, para luego considerar que “Santa Cruz se tiene que ordenar financieramente: si se aumentó la recaudación y luego se pide endeudamiento para pagar salarios, queremos saber en qué se gastó esa recaudación, ya que las principales obras de infraestructura las hace la Nación y ya sabemos con la calidad que se prestan servicios esenciales en salud, educación o seguridad”, concluye dicho comunicado.