A partir de los procedimientos, dos contratistas fueron detenidos por los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas, previstos en el Código Penal. Además, el predio rural fue clausurado debido a que los desmontes que se llevaron a cabo no se encontraban autorizados. Los empleados estaban bajo las órdenes de los contratistas Héctor Leocadio Juárez y Hugo Corbalán, quienes quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal de Orán.

Además se llamó a indagatoria a los contratistas Juan Carlos Díaz y María Del Valle Mansilla, como así también de los titulares de la finca, los franceses Bernard Paul Vuillermet y Charles Frederik Vuillermet, quienes resultan solidariamente responsables penal y patrimonialmente. Al momento del allanamiento, los trabajadores realizaban tareas de descampe y desmonte, sometidos a condiciones laborales y de vivienda en extrema precariedad, con alto riesgo sanitario.

Los obreros carecían de elementos mínimos de seguridad para realizar sus labores y se veían obligados a vivir en condiciones infrahumanas, en chozas construidas con plásticos y palos, con sus colchones tendidos sobre la tierra. Tampoco contaban con agua potable, energía eléctrica, ni sanitarios, y estaban aislados en el campo sin medios de traslado ni asistencia médica. En la zona se padecen temperaturas extremas.

La AFIP solicitó nuevas detenciones y medidas probatorias, además de la participación inmediata a los Ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo Social -tanto provincial como nacional- a fin de que se brinde la asistencia necesaria a los trabajadores relevados. La orden de allanamiento fue liberada por el Juzgado Federal de Orán a cargo del Dr. Raúl Reynoso, Secretaría Penal N° 2 a cargo del Dr. Alejandro Daher. Participaron de los procedimientos efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional.