La Legislatura de Tucumán cerrará el año con una nueva excepción al régimen de contrataciones del Estado. Esta vez se autorizará al Instituto Provincial de la Vivienda a contratar en forma directa todo lo necesario para la construcción de casas destinadas a habitantes de los pueblos originarios.
Los fundamentos de proyecto remiten al convenio firmado el 29 de noviembre entre la Nación y la Provincia en el marco del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. Ese acuerdo tiene por objeto la ejecución de treinta y cinco viviendas nuevas, destinadas a habitantes de pueblos originarios, con sus respectivos equipamientos productivos.
La iniciativa en debate parlamentario autoriza al Instituto de la Vivienda a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la adquisición de materiales de construcción, bienes, insumos, equipamientos y servicios que resulten necesarios para la construcción de las nuevas casas. El artículo dos establece que la contratación deberán realizar con empresas constructoras, Cooperativas o comunidades de Pueblos Originarios organizados con capacidad para realizar este tipo de emprendimientos.
La construcción de las viviendas para los pueblos originarios se financiarán con un aporte no reintegrable de 6,9 millones que enviará la Nación. El convenio oportunamente firmando prevé que las casas se distribuirán en León Rougés, San Pedro de Colalao, Taco Ralo y El Mollar.
Los oficialistas justificaron la nueva excepción al régimen de contrataciones del Estado en la necesidad de avanzar con los trabajos 60 días después de enviado el primer desembolso de dinero, ya depositado por la Nación.
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