La modalidad de contratación directa que adoptó el Municipio para alquilar el galpón en el que funciona de manera temporal el Mercado Comunitario, continúa bajo análisis del Tribunal de Contralor. Si bien el Ejecutivo avanzó en el contrato de locación con el propietario del inmueble, formalizó y justificó el proceso -por Resolución y “ad referéndum” del Concejo-, el organismo de control prosigue con la evaluación sobre el proceder de los funcionarios involucrados.

Debido a que el monto excede los reglamentarios estipulados para una contratación directa, el Ejecutivo se veía obligado a optar por una licitación. No obstante, tal como figura en la Resolución que consolida el vínculo contractual entre el locador y el locatario del inmueble, el Ministerio de Industria de la Nación, ató un millonario aporte no reintegrable, a que el Municipio contara con el espacio físico “aunque sea provisoriamente” para poner en marcha el Mercado.

Con esa “necesidad y urgencia”, y valiéndose de dos presupuestos de inmobiliarias locales, el Ejecutivo argumentó su proceder y pormenorizó, a través de un exhaustivo informe, los datos solicitados por el Tribunal de Contralor para determinar si existió o no negligencia –y dirimir presuntas responsabilidades- en la contratación directa del alquiler del inmueble.

“Debemos resolver si existe una causal real de 'necesidad y urgencia' o si se incumplió el Régimen de Contrataciones”, clarificó la vicepresidenta del Tribunal de Contralor, Dra. Daniela Núñez, en diálogo con ANB.

Lo cierto es que la formalización del contrato de locación que encaró el Ejecutivo, corre por un carril distinto al del Tribunal, que definirá si la contravención a la normativa está justificada.