La situación de los dos barrenderos de Las Talitas que cobran $ 550 por mes se repite en cada una de las municipalidades y de las comunas rurales de la provincia. Según pudo confirmar LA GACETA, la precariedad laboral en esas administraciones alcanza a unos 2.200 tucumanos.

El escándalo se generó hace 15 días, cuando Juan Abelardo Luna, de 58 años, y Bartolo Relañez, de 65 años, denunciaron que trabajan desde hace 12 años en la Municipalidad de Las Talitas y que cumplen jornadas de cinco horas (de 8 a 13 horas), pero que no tienen obra social ni aportes jubilatorios. Por todo concepto, dijeron, cobran una suma mensual de $ 550.

Como contrapartida, el secretario de Gobierno de esa ciudad, Sergio Rossi, había dicho a este diario que el municipio nunca ocultó la existencia de estos beneficiarios y que, si bien las autoridades tienen voluntad de contratarlos, no se puede afrontar el gasto que demandaría el nombramiento del personal. "Tienen una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que los cubre al 100% -retrucó Rossi- y una obra social que los ampara".

Puntualmente, los barrenderos son beneficiarios del denominado Programa de Empleo Local (PEL), que a partir de la crisis económica de 2001 puso en marcha la Nación como una modalidad de contención social desde el Estado. Desde entonces, el plan fue prorrogado anualmente, pero -según confirmó a este diario el gerente de Empleo de la Nación en Tucumán, Juan Luis Pérez- esta vez no habría otra prórroga. "Se está diseñando alguna estrategia para que todos los beneficiarios pasen a formar parte de alguno de los otros programas que tiene en marcha el Ministerio de Trabajo de la Nación", afirmó Pérez.

Incompatible

Según los datos oficiales, entre los 19 municipios y en las 93 comunas rurales figuran 2.200 beneficiarios del PEL. Sólo en San Miguel de Tucumán, por ejemplo, el Departamento Ejecutivo recurrió a aproximadamente 300 adherentes a ese plan laboral.

Para acceder al programa de empleo, cada municipio debe remitir una nota al Ministerio de Trabajo con los datos de los trabajadores que incorporará bajo ese sistema. Ese organismo, en Buenos Aires, protocoliza el acuerdo y registra a cada beneficiario; ese paso es elemental porque el acceso a este plan laboral es incompatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo.

Según explicó el gerente de Empleo, cada beneficiario puede cobrar desde $ 250 hasta $ 550 por cuatro horas de entrenamiento o de capacitación laboral. Incluso, aclaró que si bien la cobertura legal al Programa de Empleo Local la brinda el Ministerio de Trabajo, el convenio establece que cada municipio debe asumir el costo de los haberes y del pago de la ART y de la obra social para los beneficiarios. "Estos requisitos son obligatorios", afirmó.