El taller de la empresa BOC S.A. está habilitado y homologado por la Secretaría de Transporte de la Nación para realizar la revisión técnica, a cualquier vehículo particular de la Provincia y del país para que circule en todo el territorio argentino y en países del MERCOSUR.

"BOC S.A. es la única empresa autorizada y homologada por la Secretaría de Transporte de la Nación para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la Provincia", aseguró su gerente general Francisco Bonanno. Sostuvo que la Subsecretaría de Transporte de la Provincia no le entrega los formularios y las correspondientes obleas, lo que impide concretar las inspecciones técnicas.

El taller montado en el Parque Industrial está cerrado desde febrero de 2010, "por negligencias del área de Transporte, que no entrega los formularios y las obleas", aunque aclaró que el taller puede funcionar en forma inmediata, si le proveen la documentación.

Recordó que desde el mes de febrero del año pasado, las nuevas autoridades de Transporte de la Provincia habrían comenzado a negarles la provisión de los certificados y de las obleas, "nunca tuvieron una razón o motivo por el cual se negaran a proveer la documentación".

Al respecto, entendió y denunció que existiría una especie de boicot hacia la empresa, para que la misma cierre sus puertas, tras recordar que desde el mismo momento de comenzar su actividad en noviembre del año 2006, "siempre hemos tenido alguna clase de boicot o palos en la rueda para que cerremos y no continuemos con el servicio".

De acuerdo con el convenio entre la empresa y el Gobierno, publicado en un medio local, el taller tiene un contrato de exclusividad del servicio con la provincia de La Rioja, por 15 años, más una renovación, automática y de prioridad, por 5 años.

Adelantó que si el Gobierno considera que la empresa debe retirarse de la provincia, en La Rioja no podrá radicarse otra empresa hasta que se cumpla el contrato, es decir hasta después del 2025. O bien la Provincia deberá desembolsar más de 500 mil dólares por año, más la inversión en la instalación de la empresa, (400 mil euros) "ya que sería el Gobierno quien estaría incumpliendo el convenio".