En estos días se reflotaron con mayor fuerza las conocidas pretensiones de quienes dicen ser titulares de las tierras (sin haber vivido en ellas), en aquellas zonas habitadas por comunidades criollas e indígenas. Al caso de la comunidad wichí de Aguaray, Raza Guaraní de Piquirenda Viejo, anteayer se sumó una nueva situación que perjudica a la comunidad wichí de El Chañaral, en Rivadavia Banda Sur.
El hecho es que una persona de nombre Alejandro Gareca comenzó a poner postes a fin de alambrar parte de la finca que se conoce como El Palmar.
Ante la acción, y frente a la sospecha que la pretensión era alambrar parte de las tierras que la comunidad reclama como su territorio, los miembros de la comunidad comenzaron a sacar los postes. Gareca apareció y les dijo que no sigan con esa actitud porque iban a sufrir consecuencias.
Si bien la comunidad hizo la denuncia ante la Policía entendiendo que la disposición de los postes implicaba una usurpación a su territorio, la Policía fue a buscar a su cacique con la intención de tomar los datos de todos los integrantes de la comunidad.
Según se indicó, los postes se pusieron a sólo 50 metros de las casas, lo cual involucra un área de alto valor ambiental, social y cultural para la comunidad, más allá de las tierras que reclaman como territorio.
Se indicó que comunidades vecinas del Chañaral, como La Esperanza, en Rivadavia Banda Sur, sufren las mismas situaciones dado que también fueron amenazadas con el alambramiento de sus tierras.
Entre las fincas privadas cuyas tierras estarían involucradas en el territorio que reclama la comunidad de El Chañaral, se encuentra una que se denomina Finca Breal, y que dijo Puerta, sería de la familia Quintar.
El apellido y el nombre de la finca coinciden con la nombrada en la Convocatoria del año 2012 para los fondos destinados a la conservación de bosques nativos. Es así que en una planilla presentada por el Ministerio de Ambiente ante el Senado provincial, aparece que Alba y Manuel Quintar recibieron $74.995 por el plan de manejo sobre más de 900 hectáreas.
Los indígenas sostuvieron que no dejarán de ninguna manera que los privados ocupen las tierras que ellos habitan, al menos hasta que la situación se regularice. Para ello, es necesario que se concrete el relevamiento establecido por la Ley 26.160, sancionada en 2006.
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