En diálogo con LA BRÚJULA 24, Cantaro remarcó que "los mecanismos de control que se aplican actualmente no están dentro de los estándares mundiales en esta materia", y resaltó que "los peces y el agua presentan niveles muy altos de concentración de metales nocivos para la salud", por lo que nunca comería un pescado de ese lugar.

"En la reglamentación provincial dice que hay un límite por litro para cada sustancia, entonces los informes siempre dan mediciones  por debajo de ese número. Pero la visión científica es que hay un principio acumulativo: si son 5 empresas  que vierten esa cantidad, evidentemente se exceden esos límites", explicó el funcionario en el programa "Bahía Hoy".

"La otra cuestión a tener en cuenta es en relación a la reglamentación en sí. Acá no hablamos de aguas abiertas como se explica en la ley. Si se aplicara, por el contrario, la ley de pesca, ese límite debería ser 0", agregó.

Tal como informó este medio en el mes de septiembre, las empresas investigadas son: PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A.. Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A.