La Resolución 25/11 indica que a partir de ahora tanto los profesionales como los clientes son responsables de dar a conocer los números vertidos en los balances de las empresas y particulares, e insta a los contadores a denunciar irregularidades a la hora de blanquear fondos. Al respecto, la CPN Dora Benito informó que la Unidad de Información Financiera -organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación- publicó dicha Resolución el pasado 21 de enero.

"Esta Resolución nos impone obligaciones y una carga para llevar adelante determinados procedimientos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Entendemos que esta tarea debe llevarla adelante el gobierno nacional. Es decir que velar por la seguridad pública es una tarea del gobierno nacional y no se nos puede gravar a los profesionales con esta batería de obligaciones y procedimientos que debemos cumplir. Sin duda nuestras instituciones estamos absolutamente de acuerdo en la lucha contra este flagelo. Lo que sí entendemos es que nosotros no tenemos ni la incumbencia ni la formación para detectar delitos", comenzó diciendo la profesional.

Y añadió que "el artículo 1º de la Resolución 25/11 es bastante claro y es el que encierra la mayor de las amenazas para el ejercicio de esta tarea porque habla no sólo de que debemos detectar actos y obligaciones sino también omisiones. Para nosotros es muy difícil detectar omisiones".

Seguidamente apuntó que la normativa "afecta a los profesionales de las ciencias económicas que se desempeñan como síndicos, auditores o quienes estén confeccionando declaraciones juradas de personas físicas. Abarca aquellos sujetos que tienen activos mayores a los tres millones de pesos. No es una cifra elevada, hoy muchas empresas de nuestro medio tienen activos por encima de ese monto.

También alcanza a aquellas que hayan duplicado sus ventas o sus activos en el término de un año. Es decir que el universo de sujetos alcanzados es elevado", detalló.

La omisión

"Más allá de eso creo que acá hay un planteo casi filosófico, y es que nosotros no estamos formados para lo que se nos pide en la Resolución 24/11. Y lo que más nos preocupa es esta palabra 'omisión'. Si, por ejemplo, estamos confeccionando la declaración jurada de un cliente y nos dice que sus activos son determinados inmuebles, rodados, participaciones societarias, inversiones en fideicomisos, etc., nosotros obviamente podemos constatar que esos activos realmente existen porque podemos verificar escrituras. Depende del activo que se trate tenemos distintos medios para asegurarnos que esos activos no sólo existan sino que sean propiedad de la persona que está declarando. Pero si omite un activo y aun siendo que el activo tenga requisito registral, como un automóvil por ejemplo, deberíamos indagar en los registros de automotor de todo el país; y ni hablar si tiene un departamento en Punta del Este. De esta manera entendemos que el alcance de esta resolución excede nuestra incumbencia y es lo que nos ha llevado a hacer un planteo a la Justicia Federal", analizó la CPN Dora Benito.

En cuanto a las sanciones, a los contadores les podrían caber sanciones penales y pecuniarias, que van desde dos a diez veces el monto del objeto del delito. Si no se pudiera determinar el monto, las multas oscilan entre 10.000 y 1000.000 pesos.

Aviso a los profesionales y presentación en la Justicia

Desde el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, representados por los contadores Pablo Oggero y Dora Benito respectivamente, emitieron un comunicado conjunto destinado a sus pares en el que sostienen: "Como lo anticipáramos en la Reunión Informativa del 3/3/2011, con motivo del dictado de la Resolución Nro. 25/11 de la Unidad de Información Financiera -UIF-, publicada en el Boletín Oficial el pasado 21 de enero de 2011 cuyo contenido y alcance tiene una trascendencia que afecta el libre ejercicio de la profesión en ciencias económicas, modifica reglas sustanciales que rigen la relación del profesional con el comitente, altera la competencia académica del diploma agregándole funciones reservadas al Estado y, allanando las autarquías locales y la especialidad de los fines de los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, los convierte en agencias comprometidas con la función pública concurrente de averiguación y persecución de específicos modos delictivos y de sus autores, es que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados de Santa Fe han iniciado acciones tendientes a obtener la suspensión de los efectos de la citada Resolución".

Para ello, en ejercicio de los legítimos derechos de los profesionales que representan, ambas entidades han presentado una acción de inconstitucionalidad con una medida cautelar de no innovar contra la Unidad de Información Financiera -UIF- en el Juzgado Federal de Santa Fe Nro. 1.

Mientras tanto, los profesionales de las ciencias económicas esperan a la brevedad una respuesta del Juzgado para continuar con el libre ejercicio de su profesión.