Varias familias en situación económica compleja atraviesan un momento de incertidumbre por una orden de desalojo de las viviendas que construyeron en terrenos que no les pertenecen y cuyo dueño los reclama.

Las referidas familias alegan que decidieron levantar sus casas en esos terrenos porque un exfuncionario municipal del área de Acción Social se los permitió en su momento. No hay documentación formal que acredite dicho permiso, aunque los vecinos muestran comprobantes de entrega de materiales efectuados por dicha repartición comunal para que levantaran sus viviendas. También aseguran que el Municipio les habilitó los “medidores sociales” para que tuvieran energía eléctrica, con lo cual –aseguran- la Comuna no podía desconocer que se había construido en los citados terrenos.

Sin embargo esos lotes, ubicados en la manzana comprendida por las calles Conscripto Silva, Diego de la Fuente, Ricardo John y Valentín Potente, del barrio Ameghino, no eran fiscales como los vecinos entendían –según ellos por información del funcionario de Acción Social- sino que tenían propietario.

Justamente la dueña de los terrenos hizo una denuncia por usurpación y la Justicia hizo lugar al planteo, ordenando, después de varias diligencias procesales, el desalojo de las diez familias que habitan en esos terrenos.

El martes pasado se intentó cumplir con el desalojo, para lo cual se hizo presente en el lugar un oficial de Justicia con una comisión policial, la dueña de los terrenos con su abogado y asistentes sociales, pero las familias involucradas, acompañados de dirigentes sociales de la Federación de Tierras y Viviendas, se opusieron a la medida. Sin que ocurrieran hechos de violencia, la comisión policial se retiró y todo quedó en stand by hasta que se resuelva el problema de otra manera.

En principio el Municipio ofreció abonar un alquiler durante tres meses a todas las familias y el otorgamiento de materiales para que construyan nuevamente sus viviendas en otros terrenos. La propuesta no fue aceptada por los vecinos, que entienden que ya hicieron un gran esfuerzo en levantar sus casas en lotes que les había dicho que eran fiscales.

Mientras tanto la dueña de los terrenos reclama la restitución de los mismos y la rareza de este caso es que los vecinos no la señalan como la enemiga en el conflicto, sino como víctima junto a ellos de un error o de una maniobra política que resultó contraproducente.

Por eso piden que se realice una investigación “a fondo” de los permisos implícitos que supuestamente existieron para que ellos pudieran lanzarse a construir en los citados terrenos.

La solución que pretenden los vecinos es que se adquieran esos lotes por parte del Municipio y se los otorgue a los actuales moradores bajo ciertas pautas a convenir; entienden que así el Estado enmendaría la falta en que incurrió a través del accionar del exfuncionario. Pero hay que ver si la pretensión económica de la dueña de los lotes es acorde a lo que podría desembolsar la Comuna.

Una gestión se hizo ante la Comisión Nacional de Tierras, a la que el FTV-Miles de Pergamino le solicitó “la regularización e intervención” para resguardar a estas 10 familias con aproximadamente 25 niños.