La alícuota diferencial del 1% en el pago de Ingresos Brutos que deberá afrontar la actividad de la construcción en Mendoza, según la nueva ley Impositiva de la Provincia, generó una lógica reacción del sector. Pero ahora, con la medida en firme, desde el ámbito de los hacedores y también de los operadores inmobiliarios, advierten que indefectiblemente el incremento se trasladará a los precios y empujará los valores de las propiedades antes de fin de año.

En general, salvo obras públicas, planes del IPV o proyectos de vivienda única, cualquier otro desarrollo inmobiliario, de reforma o ampliación, queda alcanzado por la aplicación del 1% adicional que fija el Código Fiscal de la Dirección de Rentas. Cabe señalar que, en cambio, otros rubros como demoliciones, perforaciones, hormigonado o instalaciones, gozarán de una quita del 1,5% sobre el pago de Ingresos Brutos.

Para un mercado activo pero con altibajos y sobre todo con las expectativas que trae un año de elecciones, las incipientes proyecciones plantean no sólo una suba de las cotizaciones sino también un impacto sobre las condiciones de acceso al crédito. En otras palabras, saber en qué medida se endurecerá el financiamiento.

Desde la Cámara de la Construcción filial Mendoza reconocen haber hecho una presentación, sin éxito, para intentar neutralizar la aplicación de la alícuota. Y, posteriormente, algunas reuniones con funcionarios ante algunos puntos considerados poco claros; entre otros, la entrada en vigencia del ajuste y en qué casos tiene plena aplicación, además de lo que se contabiliza dentro de los presupuestos y por ende, del mayor gravamen (ver aparte).

"Es difícil cuantificar por ahora el impacto real en los proyectos privados, pero está claro que se va a trasladar a las cotizaciones. Respecto a las licitaciones públicas, el Gobierno tendrá que reconocer la diferencia en los montos", señala Jorge Panella, presidente de la Cámara que agrupa a los constructores mendocinos.

Sean cuales sean las reacciones, en un escenario con distintas variables pero con la inflación en los costos como constante, tanto desarrolladores como operadores consultados asumen que pocos estarán dispuestos a absorber la mayor presión impositiva.

Golpe a la clase media

Desde el sector comercial, la mayoría coincide en el efecto negativo que tendrá la medida. Para Fanny Cruz, titular de la inmobiliaria homónima, "el desarrollador es quien financia: si tiene espalda, el emprendimiento tendrá éxito. Un mayor gravamen de Ingresos Brutos complica la situación, en cuanto a que quien pueda absorberlo podrá vender, aún resignando ganancia. Si no, podrá dar crédito pero trasladando el costo, lo que se sentirá a nivel de clase media y media alta".

Ante tal situación, los operadores tampoco difieren en que la pelea se concentrará entre desarrolladores. Y, si bien se preparan para un mercado "quieto" hasta octubre, algunos anticipan aumentos en el orden del 20% en el valor de las propiedades producto de la alícuota adicional.

Excepciones

A diferencia del ajuste sobre el rubro Construcción y Reforma de Infraestructura, si la actividad desarrollada no está gravada o figura como exenta del tributo, el sujeto queda exceptuado de la retención correspondiente. Las obras públicas, operatorias del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y los proyectos de vivienda familiar única debidamente justificados con un certificado de la Dirección de Registros Públicos de la Provincia, quedan alcanzados por el mismo privilegio.

En cambio, otros ítems reciben una reducción del 1,5%. Están comprendidos los rubros Demolición-Excavación, Perforación de Pozos de Agua, Hormigonado, Instalaciones (agua, cloacas, electricidad), cubiertas asfálticas, colocación de herrería y aberturas, revoque y enyesado, colocación y plastificación de pisos.